La Fiscalía evalúa la posibilidad de extender la investigación del Fondo Indígena a 10 personas, incluyendo a Achacollo. Según lo señalado por el fiscal Miguel Cardozo, esta ampliación dependerá de los informes y la documentación relacionada con el caso.
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| Imagen ilustrativa RRSS LosTiempos |
El fiscal Miguel Cardozo comunicó este lunes que las investigaciones recientes relacionadas al caso del Fondo Indígena podrían incluir a unas diez personas más como implicadas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Cardozo detalló que la decisión de ampliar la investigación se fundamentará en los informes y documentos correspondientes al caso en cuestión, según un reporte a la Red Erbol
Indicó que, además de Achacollo, es posible que se sumen a la lista de investigados antiguos dirigentes y otras personas que se habrían beneficiado de diversos proyectos vinculados al Fondo Indígena.
Cabe recordar que la exministra ya estuvo encarcelada previamente y actualmente enfrenta medidas cautelares en relación a otra investigación sobre el mismo caso. La presente indagación se inició contra Lidia Patty y posteriormente se extendió hacia Luis Arce Catacora.
Dentro de este proceso también se encuentran pendientes cinco órdenes de aprehensión, según lo declarado anteriormente por el fiscal. No obstante, estas aún no han sido ejecutadas.
Caso Fondo indígena
El caso de corrupción del Fondo Indígena, que resultó en la detención de Luis Arce en Bolivia, revela una trama de supuestas obras inexistentes y millones malversados durante más de una década. Este programa, creado con el propósito de fomentar el desarrollo rural, ha estado rodeado de constantes denuncias por irregularidades y uso indebido de fondos públicos.
¿Qué es el Fondo Indígena y por qué se creó?
Nombre original: Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
Fue creado mediante Decreto Supremo en diciembre de 2005, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé, como respuesta a demandas de participación en los recursos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Su objetivo era financiar proyectos productivos y sociales para las comunidades indígenas y campesinas, usando un porcentaje de los recursos del IDH para desarrollar infraestructura, producción agrícola, educación y otros programas en territorios rurales.
Empezó a operar formalmente en 2009 y recibió miles de millones de bolivianos entre 2006 y 2014.
El fondo fue gestionado por un directorio que combinaba representantes del Estado y de organizaciones indígenas y campesinas, aunque los mecanismos de control y supervisión resultaron insuficientes.
¿Cómo funcionó y qué fue mal?
Entre 2009 y 2014, el Fondo manejó grandes sumas de dinero provenientes del IDH — del orden de Bs 3.197 millones — destinados a proyectos supuestamente productivos.
La Contraloría General del Estado determinó que de 3.462 proyectos aprobados entre 2010 y 2013, solo uno fue concluido, mientras que muchos otros estaban incompletos, no mostraban evidencia de avance, o eran inexistentes.
Hubo casos de comunidades y obras “fantasma”, recursos transferidos sin supervisión adecuada, y desembolsos que terminaron en cuentas particulares en vez de obras comunitarias.
La debilidad de los controles, la falta de fiscalización y la opacidad en los desembolsos fueron identificados como causas estructurales del desastre de gestión.
En 2015, ante los primeros informes de irregularidades:
La Contraloría divulgó hallazgos sobre múltiples proyectos sin evidencia, irregularidades en ejecución e incluso recursos sin justificar.
Se presentaron denuncias penales contra dirigentes sociales y autoridades implicadas en presuntas malversaciones.
En ese punto, el caso comenzó a convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia, focalizado en el gasto de recursos que debían beneficiar a comunidades indígenas.
Investigaciones judiciales y acusaciones
En julio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación formal para iniciar juicio contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, por su rol en la aprobación de desembolsos que no cumplieron con la normativa ni beneficios comunitarios claros.
Dentro de las citaciones y testimonios previstos en este proceso se incluye a exministros, dirigentes sociales y técnicos vinculados al flujo de recursos.
Proyectos con problemas masivos
Un informe oficial de diciembre de 2025 indicó que de 1.100 proyectos revisados, 743 presentaron irregularidades como obras inconclusas, inexistentes o con indicios de mal manejo financiero.
El daño económico estimado por la comisión de revisión supera los Bs 4.000 millones, y las investigaciones continúan ampliándose.
Implicación de Luis Arce y hechos recientes (2025)
Diciembre de 2025: El expresidente Luis Arce Catacora, quien fue ministro de Economía durante gran parte de la gestión de Evo Morales, fue detenido preventivamente y enviado al penal de San Pedro para continuar las investigaciones en su contra por presuntas responsabilidades en el manejo del Fondo Indígena cuando dirigía el ministerio que presidía el directorio del Fondioc.
La detención preventiva es por cinco meses, mientras se avanza en la recolección de pruebas, declaraciones de testigos y análisis de documentación contable.
El Gobierno aclaró que Arce no tiene juicio de responsabilidades porque los hechos investigados ocurrieron antes de su presidencia, cuando era ministro.
Otras figuras en la mira
Además de Achacollo, han sido citados o señalados en investigaciones exdirigentes sociales como Felipa Huanca, Melva Hurtado y otros líderes de organizaciones indígenas por supuestas irregularidades en proyectos específicos.
También hay denominaciones más amplias de casos vinculados a exdiputados como Lidia Patty, quienes cumplieron detención preventiva por presuntas irregularidades en la recepción de fondos.
Debate político, acusaciones cruzadas y politizado fuertemente
Sectores de oposición y críticos señalan que buena parte de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) —incluidos Arce y, potencialmente, el expresidente Evo Morales— deberían rendir cuentas por los recursos del Fondo.
Por su parte, defensores de los implicados sostienen que hay motivaciones políticas detrás de las investigaciones.
Estado actual de la situación (diciembre 2025)
Investigaciones ampliadas sobre cientos de proyectos con irregularidades.
Procesos penales contra antiguos funcionarios, dirigentes y exautoridades.
Detención preventiva de figuras clave como Luis Arce.
Lo que aún no ha ocurrido:
Un juicio definitivo y conclusivo con sentencias firmes para muchos de los implicados (aunque se llevan adelante procesos).
