La reconfiguración de la geopolítica mundial del año 2025

El año irrumpió como un auténtico punto de inflexión global, caracterizado por audaces decisiones políticas, ajustes en las dinámicas de poder y una renovada confrontación entre las principales potencias internacionales.

Imagen ilustrativa L


El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el giro de Washington hacia una estrategia internacional más agresiva marcaron de principio a fin un periodo que culminó con una creciente resistencia por parte de los países latinoamericanos frente a la cada vez más evidente política de injerencia de Estados Unidos.

El año irrumpió como un auténtico punto de inflexión global, caracterizado por audaces decisiones políticas, ajustes en las dinámicas de poder y una renovada confrontación entre las principales potencias internacionales.

Desde la implementación de estrictas medidas migratorias por parte de Trump hasta el fortalecimiento de alianzas como la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela y la creciente influencia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina, el panorama político global vivió cambios significativos.

Eventos como las crisis humanitarias en Colombia, el estallido del conflicto en Gaza, la militarización del Caribe y el creciente protagonismo de actores como China y el bloque BRICS definieron un escenario global cada vez más fragmentado, polarizado y volátil. Diplomacia, represalias y amenazas militares coexistieron constantemente en una carrera por redibujar el orden internacional del siglo XXI.

Enero: Tensiones políticas y el regreso de Trump
 
El año comenzó con dos acontecimientos que marcarían el rumbo de 2025. El 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su tercer mandato presidencial en Venezuela para el periodo 2025-2031, en medio de una fuerte controversia internacional. Al acto asistieron el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, consolidando el respaldo de los aliados tradicionales de Caracas.

El 11 de enero, los países del Alba-TCP rechazaron las sanciones contra funcionarios venezolanos impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, calificándolas de «inescrupulosas, extorsivas y criminales». Ese mismo día, autoridades de Venezuela y Rusia ratificaron el fortalecimiento de sus vínculos y celebraron la firma de 17 nuevos acuerdos para la cooperación binacional hasta 2030, incluyendo un plan de desarrollo de áreas claves, acuerdos en ciencia y tecnología, y colaboración en petróleo, gas y petroquímica.

Diez días después del inicio del mandato de Maduro, Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, inaugurando una era de políticas migratorias restrictivas que sacudirían al continente. Desde su primer día en el cargo, Trump firmó órdenes ejecutivas para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento y comenzar las deportaciones masivas.

El 22 de enero iniciaron las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que en apenas 33 horas arrestó a más de 460 personas de diversas nacionalidades latinoamericanas. Trump exigió a las autoridades aduaneras al menos 1.800 arrestos diarios de migrantes indocumentados.

Enero-Febrero: Colombia atraviesa su peor crisis humanitaria
 
La región del Catatumbo vivió su momento más crítico en casi tres décadas. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC se intensificaron desde el 16 de enero, dejando 80.000 personas atrapadas sin acceso a asistencia humanitaria.

El 18 de enero, el gobierno venezolano activó un operativo en los estados fronterizos de Táchira y Zulia para atender a los ciudadanos desplazados por la violencia armada registrada en la región colombiana del Catatumbo. «El Gobierno bolivariano, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha activado un operativo especial para la atención de la población civil desplazada desde Colombia», publicó el canciller Yván Gil.

«No hemos visto una crisis humanitaria de esta magnitud en Colombia en casi 30 años», alertó el 15 de febrero Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados. El gobierno de Gustavo Petro decretó el 24 de enero estado de conmoción interior y designó un comandante militar con control operacional sobre las Fuerzas Armadas en la zona.

Entre enero y junio, un total de 82.819 personas fueron afectadas por desplazamientos forzados masivos, y otras 50.703 por confinamientos, principalmente en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales, informó el 28 de julio la Defensoría del Pueblo. La situación de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados se agravó entre 2022 y 2024, advirtió el 27 de junio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

Febrero: Rusia y Estados Unidos inician el deshielo
 
Las relaciones entre las dos potencias nucleares comenzaron a transitar un camino de normalización después de años de estancamiento. El 15 de febrero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresaron en una conversación telefónica su disposición a colaborar para restaurar un diálogo de respeto mutuo.

Tres días después, el 18 de febrero, las delegaciones de ambos países celebraron su primera sesión de negociaciones en la capital saudí. El encuentro buscaba normalizar las relaciones bilaterales, concretar una cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump, y facilitar posibles negociaciones para resolver el conflicto ucraniano. Según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, las partes mantuvieron «una conversación muy seria sobre todos los temas» y acordaron considerar los intereses mutuos y promover las relaciones bilaterales.

El 24 de febrero, Putin informó a su homólogo chino, Xi Jinping, sobre los contactos que Moscú y Washington mantuvieron en los últimos días. El 27 de febrero, las comitivas de Rusia y Estados Unidos se reunieron en el consulado general estadounidense en Estambul para abordar el tema de las embajadas. El 6 de marzo, Alexandr Darchíev, de 64 años, fue designado embajador de Rusia en Estados Unidos por un decreto presidencial.

Febrero-Marzo: Choque diplomático entre Colombia y Estados Unidos
 
El 26 de enero estalló una crisis sin precedentes cuando Gustavo Petro no autorizó el aterrizaje de aviones estadounidenses con migrantes deportados. «Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos», publicó el mandatario en X, exigiendo un «protocolo de tratamiento digno» antes de autorizar el ingreso.

La respuesta de Trump fue inmediata y contundente: anunció aranceles del 25 por ciento contra productos colombianos, que amenazó con elevar al 50 por ciento, prohibió el ingreso de funcionarios colombianos a Estados Unidos e impuso restricciones de visado a sus familiares. Petro respondió ordenando elevar los aranceles a las importaciones estadounidenses en la misma proporción y exigió a los 15.660 estadounidenses establecidos irregularmente en Colombia que regularizaran su situación.

Sin embargo, tras intensas negociaciones, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo. El 30 de enero, Colombia anunció la creación de una línea de créditos dirigida a los connacionales retornados, particularmente a aquellos deportados desde Estados Unidos.

Brasil también vivió un episodio tenso el 26 de enero cuando su Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que pediría explicaciones a Estados Unidos por «el trato degradante» a 88 nacionales durante un vuelo de deportación que aterrizó en Belo Horizonte.

Febrero-Marzo: México y la política migratoria estadounidense
 
El 22 de enero, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo su primera conversación telefónica con Marco Rubio, encargado de la diplomacia estadounidense, en la que abordaron temas de seguridad y migración. México comenzó a instalar centros de atención de personas deportadas en la frontera con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum implementó el programa «México te abraza» para atender a los connacionales deportados. El 23 de enero anunció los avances en la instalación de centros de atención a migrantes deportados en nueve municipios colindantes con la frontera norte, a lo largo de los casi 3.200 kilómetros de la franja limítrofe.

El 1 de febrero, Trump afirmó que no había nada que China, Canadá y México pudieran hacer para evitar mayores aranceles. Un día después, el 2 de febrero, México decidió imponer medidas de represalia, tanto arancelarias como no arancelarias, a las tarifas introducidas por Estados Unidos.

La estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum permitió reducir los homicidios en 2025, aunque las desapariciones de personas permanecieron bajo escrutinio de la ONU y Estados Unidos presionó con ofrecimiento de acciones militares contra los cárteles del narcotráfico.

Marzo: Israel rompe el alto el fuego en Gaza
 
El 18 de marzo, Israel reanudó sus operaciones militares en Gaza, frustrando el alto el fuego cuya primera fase de 42 días había expirado el 2 de marzo. El primer ministro Benjamín Netanyahu se negó a negociar una segunda fase que exigía la retirada militar total del enclave palestino.

Trump había conseguido un alto el fuego y el regreso de rehenes en enero, un acuerdo que fue fruto de la cooperación entre la administración de Biden y su equipo. La tregua se alcanzó tras 470 días de enfrentamientos que habían dejado más de 46.700 muertos en el bando palestino y alrededor de 1.200 en el lado israelí.

Durante seis semanas, los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de otros ocho, mientras que Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró sus tropas del interior de la Franja de Gaza. Sin embargo, la decisión de Israel de suspender la entrada de ayuda humanitaria y cortar el suministro eléctrico fue calificada por varios países como violación del derecho humanitario internacional.

Marzo-Abril: El calvario de los migrantes venezolanos en El Salvador
 
El 16 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa del siglo XVIII que criminaliza a los migrantes venezolanos en territorio estadounidense. El gobierno venezolano rechazó «de manera categórica y contundente» la proclama, considerándola un acto que «evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi».

Al día siguiente, el 17 de marzo, Estados Unidos desembolsó aproximadamente seis millones de dólares a El Salvador por la detención de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión de máxima seguridad. El jefe de la delegación venezolana para los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez, tachó el traslado como «crímenes de lesa humanidad» y advirtió que elevaría la denuncia ante las instancias internacionales.

El 18 de marzo, Nicolás Maduro anunció que su gobierno emitió un llamado oficial a los connacionales para que evitaran viajar a Estados Unidos. Ese mismo día pidió a Nayib Bukele que no permitiera amparar la injusticia estadounidense. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó el traslado como una «masiva violación a los derechos humanos».

El 20 de marzo, Maduro ordenó aumentar las acciones diplomáticas para garantizar los vuelos de repatriación de los migrantes detenidos en Estados Unidos. Un total de 311 migrantes venezolanos llegaron ese día a su país, procedentes de México, a través del plan gubernamental Vuelta a la Patria. Ese mismo día, el ministro Diosdado Cabello señaló que el gobierno estadounidense estaba «muy confundido» tras asegurar que iba a enviar a Venezuela los presuntos miembros del Tren de Aragua.

El 22 de marzo, el gobierno venezolano acordó con Estados Unidos reanudar los vuelos de repatriación de migrantes. El 24 de marzo, un total de 199 migrantes venezolanos arribaron al país tras ser deportados de Estados Unidos, en un vuelo que hizo trasbordo en la base militar estadounidense Palmerola, en Honduras. Ese mismo día, Maduro señaló que Venezuela se preparaba para hacer frente y superar las arremetidas de Estados Unidos tras la decisión de Trump de aplicar un arancel del 25 por ciento a los países que compren petróleo y gas a esta nación caribeña.

El 25 de marzo, una firma privada de abogados de El Salvador presentó recursos de hábeas corpus a favor de los venezolanos presos en el país. «Estamos pidiendo que, ante el vacío legal-jurídico en el cual están estas personas por no haber causa justa, se pongan inmediatamente en libertad», afirmó el abogado Salvador Ríos. Ese mismo día, China expresó su frontal repudio a las sanciones secundarias que Estados Unidos impuso a la industria petrolera de Venezuela.

El 27 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde fueron encarcelados emigrantes venezolanos enviados por Washington. El 28 de marzo, un grupo de 178 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos subieron en Honduras a un avión que los llevó a su país de origen.

El 10 de abril, durante la IX Cumbre de la Celac en Honduras, Maduro acusó a Estados Unidos de perseguir a los migrantes de su país para mandarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El 14 de abril, el gobierno salvadoreño anunció el traslado a la cárcel CECOT de 10 presos desde la base naval de Guantánamo.

El 21 de abril, el fiscal general venezolano denunció que Bukele aceptó que mantiene secuestrados a 252 migrantes tras proponer a Maduro intercambiarlos por personas que califica de presos políticos. El 22 de abril, Maduro acusó a Bukele de ser un «violador serial» de los derechos humanos. Al día siguiente, el 23 de abril, Venezuela rechazó la propuesta de canje hecha por el gobierno salvadoreño.

Mayo: Colombia entre China, la ONU y el conflicto interno
 
El 10 de mayo, el gobierno colombiano instruyó a la Fuerza Pública para que colaborara activamente en la búsqueda de las 126.895 personas desaparecidas en el país desde 1946, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El 14 de mayo, Colombia formalizó su entrada a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, presentándola como una oportunidad histórica para atraer inversión, tecnología y financiamiento. El embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, aseguró que su país «va a aumentar las apuestas y las inversiones» para crear nuevos empleos.

Semanas después, el 3 de junio, Colombia fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027 con 180 votos a favor, marcando la octava ocasión en que el país integra este órgano decisorio internacional.

El 4 de junio, Petro anunció que el gobierno, con apoyo de la Policía Nacional, recuperó predios en Puerto Boyacá donde en la década de 1980 fueron entrenados los primeros grupos paramilitares por el mercenario israelí Yair Klein. Dos días después, el 6 de junio, pidió perdón a nombre del Estado por la masacre de 300 integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Urabá, perpetrada en 2005 por paramilitares apoyados por el Ejército.

Junio: Tensiones en el Caribe y violencia política en Colombia
 
El 5 de junio, el gobierno venezolano condenó la decisión de Trump de restringir parcialmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países, entre ellos Venezuela, denunciando que la medida representa un ataque «político» y «sin justificación». Ese mismo día, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió a Estados Unidos que su país no cederá ninguna parte del Esequibo, territorio rico en petróleo en disputa con Guyana.

El 6 de junio, Maduro instó a Trump a no dejarse «envenenar» contra Caracas tras el decreto que restringe la entrada de ciudadanos venezolanos. «Presidente Donald Trump yo le envío un mensaje a usted: no se deje envenenar más contra Venezuela», expresó el mandatario. Ese mismo día, Caracas exhortó a Puerto España a evitar provocaciones tras las autoridades de Trinidad y Tobago advirtieran con usar «fuerza letal» contra embarcaciones sospechosas que intenten ingresar en sus aguas desde Venezuela.

El 7 de junio, el ataque contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá encendió las alarmas sobre la seguridad electoral. Las imágenes del dirigente del Centro Democrático, de apenas 38 años, herido y siendo socorrido por sus compañeros, recordaron los magnicidios que marcaron la historia reciente del país en los años 80 y 90.

El 9 de junio, el canciller venezolano Yván Gil y el embajador ruso en Caracas reafirmaron su compromiso con el acuerdo de asociación estratégica establecido entre ambos países. Ese mismo día, Venezuela y China acordaron fortalecer la cooperación para formar y organizar movimientos de trabajadores.

El 11 de junio, el gobierno de Maduro rechazó la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones consideradas de «alto riesgo» por la Comisión Europea en materia de lavado de capitales y financiación del terrorismo. El 12 de junio, Maduro acusó al secretario de Estado Marco Rubio de dirigir un plan para derrocar a Petro y llenar de violencia a Colombia, tras 24 ataques terroristas que dejaron siete muertos y 28 heridos en el oeste colombiano. Ese mismo día, el Alba-TCP designó al viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, como su nuevo secretario ejecutivo.

El 12 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos canceló formalmente el parole humanitario concedido por la administración Biden a 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El 16 de junio, durante su intervención en la 79 Asamblea General de la ONU, el canciller Gil exigió el levantamiento de las sanciones contra todos los países al considerar que causan «sufrimiento humano» y perjudican la economía mundial.

El 19 de junio, el gobierno venezolano valoró su designación en la presidencia del Consejo Ministerial del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para el periodo 2025-2026. El 20 de junio, Maduro propuso que la ONU impulse un acuerdo para desnuclearizar a todos los países que tengan bombas atómicas. El 23 de junio, Venezuela llamó a celebrar lo antes posible una «Cumbre por la paz y contra la guerra» ante la amenaza de una guerra nuclear.

El 24 de junio, Maduro afirmó que la reserva petrolera certificada de Venezuela aumentó un 30 por ciento. Ese mismo día, el comité de familiares de los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador denunció ante la secretaría del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU las violaciones a los derechos que sufren estos ciudadanos desde hace más de 100 días.

Julio: Crisis arancelaria entre Brasil y Estados Unidos, y avances diplomáticos venezolanos
 
El 1 de julio, el ministro Diosdado Cabello anunció el desmantelamiento de una banda de narcotráfico que operaba en el estado de Sucre y planeaba realizar ataques terroristas en Venezuela. El 2 de julio, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad declarar «persona non grata» al Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, por su inacción ante la denuncia sobre el «secuestro» de connacionales en Estados Unidos.

Ese mismo día, Maduro envió una misiva al Papa León XIV solicitando ayuda para «rescatar» a los niños venezolanos «retenidos» en Estados Unidos, un día después de denunciar el «secuestro» de 18 menores por parte de la administración Trump. El 3 de julio, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se reunió con el vicepresidente de la empresa china Iflytek para explorar proyectos de cooperación en inteligencia artificial.

El 4 de julio, el gobierno venezolano informó que más de 7.000 migrantes habían sido deportados desde Estados Unidos y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El 9 de julio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez abogó por un mercado energético «equilibrado y sostenible» tras reunirse en Austria con el secretario general de la OPEP. El 10 de julio, Venezuela y Rusia inauguraron en Caracas la primera estación terrestre del sistema ruso de navegación Glonass para el uso pacífico del espacio.

En julio, Donald Trump anunció aranceles del 50 por ciento para todos los productos brasileños en respuesta a lo que definió como una «caza de brujas» contra Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado. La entrada en prisión del expresidente y de altos mandos militares condenados por golpismo marcó un antes y un después en la historia de Brasil, moviendo el tablero de la derecha de cara a las elecciones de 2026.

Los aranceles entraron en vigor en agosto, golpeando las exportaciones de café, carne, pescado, frutas, acero, madera y combustibles. Lula decidió no activar la ley de reciprocidad y apostó por mantener abierto un canal de diálogo, lanzando un plan de ayuda de 5.500 millones de dólares para los sectores afectados. En los actos públicos, el presidente endurecía el tono nacionalista: «Brasil no se arrodillará ante Estados Unidos», proclamó, y su popularidad repuntó con fuerza.

El 16 de julio, los cancilleres de Venezuela y Colombia resaltaron la importancia de impulsar una zona económica binacional, al reunirse al margen de la reunión de emergencia sobre Palestina organizada por el Grupo de la Haya en Bogotá. El 17 de julio, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento que establece la creación de una zona económica especial que impulse el intercambio binacional en distintas áreas.

El 18 de julio, siete menores venezolanos que se encontraban retenidos por autoridades de Estados Unidos llegaron a Caracas. Ese mismo día, los 252 migrantes venezolanos presos en El Salvador fueron liberados en el marco de un acuerdo con Estados Unidos sobre el canje de un grupo de ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas por su presunta participación en «delitos graves».

El 19 de julio, Maduro celebró la liberación de los 252 migrantes. El 21 de julio, la Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación contra el presidente Bukele y otros dos funcionarios de su gobierno por presunta tortura y maltratos contra los migrantes venezolanos deportados a El Salvador.

El 24 de julio, el diario The Wall Street Journal reportó que el gobierno estadounidense se disponía a autorizar a la petrolera Chevron a reanudar sus operaciones en Venezuela tras el intercambio de prisioneros. El 25 de julio, Maduro anunció que su gobierno acordó con Colombia los términos para vender a ese país la empresa petroquímica Monómeros.

Agosto: La cumbre histórica entre Trump y Putin, y militarización en el Caribe
 
El 16 de agosto, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. Las conversaciones duraron dos horas y 45 minutos y tenían por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones bilaterales.

Trump calificó la reunión como «muy productiva» y señaló que hallaron puntos en común en varios temas. Putin llamó a Estados Unidos a retomar la cooperación bilateral con Rusia, calificándola como «importante y necesaria». El mandatario ruso destacó que ambos países tienen «muchas áreas interesantes para la labor conjunta» y señaló que, con la llegada de la nueva administración estadounidense, el comercio bilateral había comenzado a aumentar un 20 por ciento.

El 22 de agosto, Maduro convocó a la Milicia Bolivariana a una jornada nacional de alistamiento en rechazo a las amenazas militares de Estados Unidos contra su país. El 24 de agosto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló 10 campamentos pertenecientes a grupos terroristas colombianos a lo largo de toda la frontera.

El 25 de agosto, Venezuela desplegó 15.000 funcionarios militares entre los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, con el fin de garantizar la paz en este país caribeño, anunció el ministro Diosdado Cabello. El 26 de agosto, Maduro denunció que el secretario de Estado Marco Rubio puede llevar a Trump «al peor de los escenarios en América Latina» tras el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe.

El 27 de agosto, los países miembros del Alba-TCP alertaron sobre el reciente despliegue militar de Estados Unidos en la región, que incluye buques de guerra y submarinos nucleares en el mar Caribe. «Estas maniobras militares ofensivas ponen en riesgo la estabilidad continental», señaló el bloque regional.

El 29 de agosto, Petro rechazó cualquier intervención militar extranjera en Venezuela y anunció que ordenó enviar 25.000 soldados a la frontera con Venezuela para combatir el narcotráfico. «Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños», escribió el mandatario. Ese mismo día, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, se reunió con el secretario general António Guterres para denunciar el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en la región sur del Caribe.

Agosto-septiembre: Consolidación de alianzas estratégicas y escalada militar
 
El 1 de septiembre, Venezuela exigió en una reunión extraordinaria de la Celac el retiro «inmediato» de los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Mar Caribe. La Casa Blanca había confirmado el 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela. Ese mismo día, el gobierno colombiano llamó a preservar a América Latina como una región libre de intervenciones militares. Maduro anunció que su país se adheriría a la Iniciativa para la Gobernanza Global anunciada por China.

El 2 de septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela, según Marco Rubio. El 3 de septiembre, el gobierno venezolano denunció ante la Conferencia de Desarme en Ginebra la grave amenaza por el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe.

El 9 de septiembre, Petro advirtió que Colombia no permitiría el uso de su territorio ni de su fuerza militar para apoyar una eventual invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. El 11 de septiembre, Maduro anunció el inicio de la Operación Independencia 200 para la defensa integral de la nación. El 12 de septiembre, la OPEP reportó que la producción petrolera de Venezuela aumentó a 1.098.000 barriles diarios en agosto.

El 13 de septiembre, el gobierno venezolano denunció que un barco destructor de la Armada de Estados Unidos asaltó a un barco con nueve pescadores venezolanos cuando navegaba en aguas de la zona exclusiva económica de la nación caribeña. El 14 de septiembre, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció que Estados Unidos realiza vuelos de operaciones de inteligencia contra el país, violando las normas por no notificar el plan de vuelo.

El 15 de septiembre, el embajador ruso en Venezuela expresó su preocupación por la «provocación» originada por las acciones ilegales ejercidas por un buque militar estadounidense contra un barco pesquero venezolano. El 16 de septiembre, funcionarios militares venezolanos incautaron 3.6 toneladas de cocaína procedentes de Colombia.

El 19 de septiembre, el gobierno venezolano solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que exija el cese de las acciones militares que ejecuta Estados Unidos en el Caribe. El 20 de septiembre, Estados Unidos atacó otro buque presuntamente vinculado al tráfico de drogas y mató a tres ocupantes, informó Trump. El 21 de septiembre, Maduro confirmó que envió una misiva a Trump en la que le manifiesta su voluntad de diálogo en torno a las acusaciones de narcotráfico que pesan contra Venezuela.

El 26 de septiembre, la cadena NBC News informó, citando a cuatro fuentes anónimas, que el gobierno estadounidense estaba elaborando planes para atacar a grupos del narcotráfico dentro de Venezuela y la campaña podría empezar en semanas. El 27 de septiembre, Maduro advirtió que si su país es agredido militarmente ya está listo para ser activado un decreto de conmoción exterior. El 29 de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que Maduro firmó un decreto de conmoción externa que da al mandatario «poderes especiales» para actuar en caso de una agresión.

Durante este periodo, el grupo BRICS incorporó únicamente a un Estado socio, una decisión que reflejó la prioridad de la presidencia pro tempore de Brasil en reforzar la cohesión interna del bloque, en un contexto marcado por una oleada de amenazas arancelarias procedentes de Estados Unidos.

Septiembre-octubre: El plan de Trump para Gaza y tensiones en América Latina
 
A finales de septiembre, la Casa Blanca presentó el plan de Trump para poner fin al conflicto en Gaza. La iniciativa plantea convertir el enclave en una zona «desradicalizada y libre de terrorismo», con proyectos de «reurbanización» para mejorar la vida de la población gazatí.

El 2 de octubre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó aviones de combate de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. El 3 de octubre, Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas cerca de las costas de Venezuela, en el que murieron cuatro «narcoterroristas», según el secretario de Guerra Pete Hegseth. El 4 de octubre, la vicepresidenta Rodríguez acusó a Guyana de abrirle las puertas a Estados Unidos para perpetrar una agresión militar contra la región.

El 7 de octubre, Maduro anunció que su gobierno entregó a Estados Unidos toda la información sobre los responsables de los planes para atacar la sede de la embajada estadounidense en Caracas.

El 10 de octubre se inició la primera fase del plan para Gaza, que contemplaba la liberación de todos los rehenes y el retiro de las tropas israelíes. Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de alrededor de veinte israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.

Durante este periodo, Lula y Trump mantuvieron una videoconferencia y posteriormente se reunieron en Malasia. La química entre ambos líderes permitió avanzar en las negociaciones. Una de las imágenes del encuentro –Lula repantigado en el sillón, mientras Trump se inclina para escucharlo– fue celebrada con entusiasmo por la izquierda brasileña.

El 15 de octubre, Petro afirmó que los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe violan una resolución internacional sobre derechos humanos y combate al narcotráfico, y el caso debe ser llevado al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. Ese mismo día, The New York Times informó que Trump ordenó en secreto que la CIA despliegue actividades encubiertas en Venezuela. El 16 de octubre, el gobierno venezolano rechazó y calificó de «belicistas» las declaraciones de Trump.

El 21 de octubre, Maduro convocó a una consulta popular nacional para el 23 de noviembre, con el fin de que los ciudadanos elijan los proyectos sociales que se ejecutarán en las comunidades. Ese mismo día, la Duma de Estado rusa ratificó el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela. También se informó que la FANB neutralizó un total de 411 aeronaves utilizadas para el tráfico de droga en los últimos años.

El 23 de octubre, Maduro afirmó que su país cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S para defensa y para garantizar la paz. El 27 de octubre, Venezuela informó que alertó a Trinidad y Tobago sobre un presunto plan de la CIA que buscaría ejecutar un ataque contra un buque estadounidense anclado en esa isla, con el objetivo de responsabilizar al gobierno de Maduro.

En Ecuador, el movimiento indígena fue protagonista del año en un país avasallado por la inseguridad, con una situación económica endeble y un presidente que recibió un duro golpe en las urnas. En Perú, el país vio caer a otro presidente, a un exmandatario condenado por corrupción, y a jóvenes de todo el país copando las calles en rechazo a la clase política.

Octubre: Escalada bélica en Gaza y crecientes amenazas contra Venezuela
 
El 28 de octubre, Netanyahu ordenó intensos ataques sobre la Franja de Gaza, acusando a Hamás de atacar tropas israelíes en Rafah y de retrasar la entrega de los cuerpos de los rehenes. Los bombardeos dejaron más de 100 muertos y cientos de heridos, poniendo en entredicho el plan de paz de Trump.

A principios de agosto, el primer ministro israelí había declarado que su país buscaba establecer el control total sobre Gaza para crear un perímetro de seguridad y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo «gobierno civil», asegurando que las autoridades israelíes no tenían intención de mantener el control permanente del territorio.

Noviembre: La diplomacia brasileña triunfa, la COP30 decepciona y arrecia la presión sobre Venezuela
 
El 18 de noviembre, Trump dijo que no descarta el despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela, mientras las tensiones entre ambos países continúan escalando. Ese mismo día, Maduro advirtió que a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, «le irá muy mal» tras considerar que dio «un paso en falso» al permitir la realización ejercicios militares de Estados Unidos en la isla.

El 20 de noviembre, Estados Unidos anunció que retiraba la tarifa adicional del 40 por ciento a 238 productos agrícolas brasileños, entre ellos café, frutas tropicales, jugos, cacao y carne bovina. «Es una victoria de la diplomacia, del diálogo y del sentido común», celebró Lula.

La buena relación entre Lula y Trump fue clave para este desenlace. Analistas coinciden en que Lula supo plantarle cara al mandatario estadounidense, ganándose su respeto sin dejarse amedrentar por las amenazas. «Es una pena», fue la sucinta reacción de Trump cuando Bolsonaro ingresó en prisión, dejando de mencionar las supuestas injusticias que sufría el líder ultraderechista.

El 10 de noviembre comenzó la Conferencia del Clima (COP30) en Belém do Pará, Brasil. Lula pidió derrotar a los negacionistas de la crisis climática, citando el reciente huracán Melissa, el tornado que dejó seis muertos en el sur de Brasil, y las sequías, incendios e inundaciones asociados al cambio climático, que definió como «un distribuidor de sufrimiento, especialmente entre las poblaciones más vulnerables».

Los textos finales de la cumbre no citaron explícitamente la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, generando decepción entre buena parte de las delegaciones. El presidente de la cumbre, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago, prometió crear mapas para revertir la deforestación y hacer la transición lejos de los combustibles fósiles, pero se trató de una iniciativa sin consenso que no sería citada en el documento final.

El 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos que autorizó la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza. El texto obtuvo 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China. Trump y Netanyahu celebraron la votación, asegurando que contribuiría a poner fin al gobierno de Hamás, pero el propio movimiento islamista rechazó el documento alegando que no respeta los derechos del pueblo palestino.

El 26 de noviembre, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov señaló que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encontraban todavía en la etapa inicial del proceso de normalización, a pesar de los avances logrados durante el año.

El 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocó la concesión a seis aerolíneas internacionales por considerar que se sumaron a acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos luego de suspender los vuelos desde Caracas hacia Europa. El 28 de noviembre, el canciller Gil pidió a la ONU tomar medidas firmes en defensa de la paz de la región, ante las amenazas estadounidenses tras el despliegue militar en el Caribe. El 29 de noviembre, el gobierno venezolano rechazó un mensaje difundido por Trump por considerar que pretende aplicar jurisdicción en el país caribeño y amenaza la soberanía de su espacio aéreo.

Diciembre: Acoso naval y designación como organización terrorista
 
El 2 de diciembre, Maduro calificó de «terrorismo psicológico» el aumento de la amenaza militar de Estados Unidos contra su país. «Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria», expresó el mandatario.

El 11 de diciembre, el canciller Gil afirmó que el «asalto» de un buque petrolero perteneciente a su país por parte de la Armada estadounidense, en aguas del Caribe, representa una amenaza para toda la región. El Alba condenó el «asalto» del buque petrolero venezolano. El 12 de diciembre, Maduro denunció que los tripulantes a bordo del buque petrolero «están secuestrados».

Ese mismo día, Petro advirtió sobre el problema relacionado con el mercenarismo en Colombia, al referirse a empresas de seguridad privada conformadas por exmilitares, tras conocerse sanciones estadounidenses contra colombianos vinculados al conflicto en Sudán.

El 15 de diciembre, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las operaciones del suministro de sus productos. Ese mismo día, el gobierno venezolano anunció su decisión de cancelar de forma inmediata cualquier acuerdo para el suministro de gas a Trinidad y Tobago, tras denunciar que ese país participó en la incautación de crudo que ejecutó Estados Unidos.

El 17 de diciembre, Trump anunció que Washington designó al gobierno de Venezuela como una organización terrorista extranjera y bloqueó a todos los petroleros sancionados que entran y salen del país caribeño. Ese mismo día, Trump condicionó el fin de la actividad militar cerca de Venezuela a la devolución de petróleo y activos que, según él, el país caribeño robó a Washington.

Maduro llamó a una «gran protesta mundial» en defensa de la libertad de comercio y de la paz en la región del Caribe, ante el aumento de las amenazas por parte de Estados Unidos y la incautación del buque petrolero venezolano. «Una gran protesta mundial, permanente, no de un día y preparar la defensa de la libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero», expresó el mandatario.

También ese 17 de diciembre, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que casi la totalidad de las naciones del mundo cuestionan el comportamiento de Estados Unidos en el Caribe. «Esos actos son repudiados por casi todos los países del mundo, excepto los europeos que se esconden, guardan silencio sobre cualquier crítica a Washington», señaló. Lavrov subrayó que los planes estadounidenses de iniciar operaciones terrestres en Venezuela minan las esperanzas de alcanzar un acuerdo.

El 18 de diciembre, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU confirmó que Venezuela solicitó una reunión del organismo tras las amenazas de Estados Unidos sobre posibles ataques contra el país sudamericano. Ese mismo día, el representante permanente de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, denunció que Estados Unidos pretende colonizar a Venezuela y viola las normas internacionales al afirmar que las tierras y el petróleo venezolano «le pertenecen».

El 20 de diciembre, Pdvsa alcanzó la meta prevista para el año de 1.200.000 barriles diarios de crudo, anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El 22 de diciembre, el Alba condenó el robo de un segundo buque con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Balance final: Un año de reacomodos geopolíticos
 
El año cerró con varios procesos inconclusos: las negociaciones sobre Ucrania sin resultados concretos, el conflicto en Gaza sin una solución definitiva, y las tensiones migratorias entre Estados Unidos y América Latina lejos de resolverse. Venezuela cerró 2025 bajo una histórica amenaza de ataque militar por parte de Estados Unidos tras el despliegue naval realizado en el Caribe.

Rusia y China cerraron el año con su mayor acercamiento histórico, sustentado en coordinación diplomática estrecha, un comercio récord basado en monedas nacionales, megaproyectos energéticos y cooperación militar y tecnológica en expansión, consolidando un eje estratégico que desafía la presión occidental y redefine la geopolítica del siglo XXI.

En Brasil, Río de Janeiro fue testigo durante el año de un megaoperativo contra el grupo narcotraficante Comando Vermelho, considerado el más letal en la historia del país, que dejó más de 120 muertos y una polémica instalada sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

El fallecimiento del Papa Francisco dejó un legado de sencillez y transformación en manos de su sucesor, León XIV, quien prometió mantener viva esa senda de renovación. La influencia de Francisco fue determinante en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016.

Sin embargo, los canales de diálogo abiertos durante 2025 dejaron la puerta entreabierta para posibles acuerdos en el futuro, en un mundo que pareció haber tomado un nuevo rumbo para redefinir la geopolítica mundial.

C/R de anuario TvSur
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