La detención del máximo fiscal boliviano, acusado por el gobierno y EE.UU. de proteger al narcotráfico, abre sospechas de la oposición sobre una maniobra exprés para encubrir investigaciones al entorno íntimo del presidente Rodrigo Paz.
 |
| Imagen ilustrativa @RIB |
El escenario político y judicial en Bolivia ha entrado en una fase de máxima tensión. La sorpresiva detención de quien fuera el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha desencadenado una confrontación institucional directa entre el gobierno del presidente conservador Rodrigo Paz y sectores opositores que denuncian una supuesta persecución orientada a frenar investigaciones por presunta corrupción que salpican al círculo íntimo del mandatario.
El detonante: El caso Cerimedo y los presuntos activos en Florida
La crisis escaló luego de que la Fiscalía General impulsara pesquisas de alta sensibilidad que involucraban a figuras de la administración pública. Entre ellas destaca la causa penal contra el estratega político argentino Fernando Cerimedo, exasesor de campaña del presidente Paz, detenido bajo la acusación de tentativa de feminicidio. A raíz de este expediente, la abogada Nadia Beller aportó testimonios que apuntaban a presuntas redes de corrupción que involucraban de forma directa a la familia del mandatario.
En paralelo, legisladores de la oposición denunciaron públicamente poseer documentación comprometedora sobre una red de propiedades millonarias y firmas corporativas registradas en Florida (EE. UU.). Según estas denuncias, dichos bienes estarían vinculados directamente a la primera dama del país, María Elena "Bibi" Urquidi, y a su cuñada, lo que dio pie a sospechas generalizadas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos dentro del círculo presidencial.
El factor órdenes de aprehensión inminentes
La hipótesis de que el arresto de Mariaca fue una maniobra de censura judicial cobró mayor fuerza tras las declaraciones del reconocido abogado constitucionalista y analista político Andrés Delgadillo. En intervenciones difundidas por cadenas como la red televisiva F10, Delgadillo afirmó contar con información fidedigna de que el fiscal Roger Mariaca tenía previsto activar dos órdenes de aprehensión urgentes el martes posterior a su caída.
"El fiscal Mariaca iba a activar dos órdenes de aprehensión el martes: una para Bibi Urquidi [primera dama] y otra para un ministro del Poder Ejecutivo", aseveró Delgadillo en su análisis de la coyuntura.
De acuerdo con el analista, al conocerse esta inminente acción judicial en las esferas del Palacio de Gobierno, el Ejecutivo supuestamente decidió precipitar todo el operativo en el aeropuerto de Viru Viru para adelantarse y evitar la detención de la esposa de Rodrigo Paz y de su ministro.
El operativo oficial y las acusaciones de "narcoestado"
Por su parte, las autoridades gubernamentales rechazan tajantemente la versión de la venganza política. El oficialismo argumenta que el operativo, ejecutado a finales de septiembre de 2026, respondió de manera estricta al desmantelamiento de una supuesta "organización criminal" enquistada en el sistema de justicia que brindaba amparo al narcotráfico transnacional, vinculándola incluso con redes del prófugo uruguayo Sebastián Marset. La captura se concretó pocos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocara oficialmente el visado a Mariaca bajo estos mismos cargos.
Actualmente, tras una maratónica audiencia cautelar de más de 15 horas, un juez dispuso la detención preventiva por 180 días para Roger Mariaca en el penal andino de Cantumarca, en Potosí. Mientras el Gobierno avanza con reformas legales express para consolidar su cese definitivo y encauzar la sucesión del Ministerio Público, la opinión pública y los analistas debaten si la detención fue un golpe legítimo a la corrupción judicial o el mecanismo definitivo para blindar el entorno presidencial de Rodrigo Paz.
