La Justicia argentina archivó las denuncias por abuso sexual contra Evo Morales por "inexistencia de delito"

El juez federal Sebastián Ramos concluyó que no hay pruebas de que el expresidente boliviano haya convivido con menores durante su asilo en el país. En Bolivia, en cambio, Morales enfrenta dos órdenes de captura vigentes.

Foto @DPA


El juez federal Sebastián Ramos archivó las denuncias por abuso sexual contra el expresidente boliviano Evo Morales al considerar que no existió delito. La decisión, plasmada en un fallo de nueve páginas, se refiere a las acusaciones sobre hechos que habrían ocurrido durante el refugio de Morales en la Argentina, entre 2019 y 2020.

"El resultado concordante de esas diligencias permitió descartar la convivencia de mujeres menores de edad con el imputado y la existencia de situaciones de explotación en los domicilios investigados", sostuvo el magistrado.

La causa se apoyó en el testimonio de 28 integrantes de la Policía Federal que, en distintos momentos, custodiaron a Morales. Según el fallo, sus declaraciones fueron "sustancialmente concordantes": ninguno vio a menores viviendo en las viviendas, realizando tareas domésticas ni sometidas a explotación. El juez también escuchó a choferes y a integrantes de los móviles de apoyo, y destacó que ninguno tenía interés en el resultado del proceso.

Además, Ramos evaluó a través de Migraciones las edades y los ingresos y egresos del país de las mujeres que trabajaron o se reunieron con Morales. La investigación no encontró indicios de que el expresidente hubiera convivido con cuatro menores, como señalaba la acusación, ni de que ellas hubieran sido captadas o trasladadas con fines de explotación.

El fallo analiza casos puntuales. Noemí Meneses Chávez, señalada como posible víctima, ya era mayor de edad cuando ingresó al país. Otra joven había salido de la Argentina antes de la llegada de Morales. En cuanto a Angélica Ponce, quien habría prestado testimonio en Bolivia, nadie logró identificarla, y su supuesta versión fue desmentida por la documentación migratoria y las declaraciones del personal de custodia.

Las acusaciones habían tenido eco político. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió que a la causa en Bolivia "se suma algo aún más aberrante": que Morales habría convivido con cuatro adolescentes durante el asilo otorgado por la Argentina. Ese asilo había llegado durante el gobierno de Alberto Fernández, tras la renuncia de Morales a la presidencia, primero en México y luego en territorio argentino.

La situación en Bolivia

El archivo en la Argentina no modifica el panorama judicial de Evo Morales en Bolivia, donde acumula dos órdenes de aprehensión vigentes en medio de una profunda crisis política que enfrenta al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El primer expediente, originado en la Fiscalía de Tarija, lo investiga por presunta trata agravada de menores con fines de explotación sexual. La fiscalía sostiene que en 2015, durante su presidencia, mantuvo una relación con una adolescente de 15 años con quien tuvo una hija, y pidió una pena de 20 años de prisión. Como Morales no asistió a las citaciones ni a las audiencias, fue declarado en rebeldía, se le impuso arraigo y se renovó su orden de captura. Su defensa alega indefensión, falta de notificaciones formales y persecución política.

La segunda orden fue emitida en julio de 2026 por la Fiscalía de Santa Cruz. Lo acusa de ser el autor intelectual e instigador de los bloqueos de rutas y protestas que paralizaron Bolivia durante más de 50 días. Los delitos imputados son terrorismo (con penas de hasta 30 años), alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.

Pese a ambas órdenes, la Policía boliviana admite que no ejecutó la detención. Morales permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba, su bastión cocalero, rodeado de cientos de seguidores y sindicatos aliados. El Ejecutivo advirtió que una captura forzosa podría derivar en graves enfrentamientos y "derramamiento de sangre". Ante ese escenario, el Ministerio de la Presidencia anunció que comenzó a solicitar colaboración jurídica y regional a nivel internacional para abordar el caso de manera transnacional.
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