Unos 55 millones de personas de los pueblos originarios
sufren desproporcionadamente los efectos de la crisis del COVID-19, indica la
agencia laboral de la ONU, destacando su falta de acceso a los servicios de
salud, educación, seguridad social y participación política, además de su
sobrerrepresentación en la economía informal y los segmentos más pobres de la
población.
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En América
Latina y el Caribe viven casi
55 millones de mujeres y hombres indígenas, que constituyen el 8,5% de la
población, que han carecido históricamente de acceso a
servicios básicos y cuya vulnerabilidad se acentuó con la crisis provocada por
la pandemia de COVID-19, apuntó la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
La nueva
publicación de la OIT Panorama laboral de los pueblos indígenas de América Latina señala
que la precariedad de los más de 800 pueblos indígenas de la región evidenciada
por la pandemia replanteó el desafío de logar una mejor cobertura de los sistemas de protección
social.
El
estudio destaca la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía
informal y en los
segmentos más pobres de la población, su bajo acceso al trabajo
decente y las dificultades que enfrentan para obtener educación y participar
políticamente.
Migración a centros urbanos
La OIT
señala que el 52% de los indígenas de la región ha migrado a los centros
urbanos ya sea en busca de mejores oportunidades y mayores ingresos o debido a
que se les ha
despojado de sus tierras o a que el cambio climático, el deterioro ecológico,
conflictos y violencia los han obligado a hacerlo.
En el
apartado sobre empleo, la agencia reportó que el 85% de los indígenas de la región se
desempeña en la economía informal, una cifra muy superior al
50% de la proporción del total de la población que trabaja.
“Los
trabajadores indígenas tienden a ser más autónomos o trabajadores familiares no
remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles
el 16% de los
indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado,
el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4%”,
revela el documento.
Brecha salarial
Con respecto a los
sueldos, apunta que América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos
laborales y precisa que los
salarios de los indígenas equivalen a un 33% de los que perciben los no
indígenas.
La OIT
consideró que para corregir la relegada situación de los pueblos indígenas en
la esfera laboral es imperativo garantizar
su acceso a oportunidades de trabajo decente y a la
protección social.
Agregó
que reducir las desigualdades y vulnerabilidades que asolan a las comunidades
originarias urge establecer sistemas
de protección social que consideren las características de estos pueblos
Elementos básicos del a protección social
Para
el organismo de la ONU, los programas sociales deben incluir cuatro elementos
básicos:
- Protección
social de la infancia:
beneficios familiares y por niño
- Protección
social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones
de maternidad y
discapacidad; protección en caso de accidentes
laborales, enfermedad profesional y desempleo; pensiones de invalidez;
prestaciones de enfermedad
- Protección
social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de
vejez y sobrevivientes
- Protección
de la salud
El
estudio señala que el Convenio 169 sobre
pueblos indígenas y tribales de
la OIT establece las garantías necesarias de seguridad social y salud de esas
comunidades y recuerda que América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado
ese instrumento internacional, con 14 de las 24 ratificaciones que cuenta hasta
ahora.
Invisibilidad estadística
El
análisis hace hincapié en la falencia de la región referente a las estadísticas
específicas en su información demográfica y cita como ejemplo que de los 18
países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas
de hogares y empleo, sólo
ocho cuentan con información étnica de las personas y diez
indagan la pertenencia a pueblos indígenas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.
Esta
carencia genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye el
primer peldaño dentro de una serie de “tratos no igualitarios que pueda recibir
este segmento de la población”, asevera la agencia laboral y abunda que al no
estar representados en las estadísticas oficiales, es más difícil incluirlos dentro de los
indicadores de metas de desarrollo de los países, y su
condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas
públicas.