La ruta comercial que prepara la empresa Easter Island Naviera pasaría por aguas bajo jurisdicción argentina. Santiago teme un “evento crítico” y mantiene en reserva la fecha de salida.
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| Imagen Ilustrativa @recorrido |
La puesta en marcha de una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas abrió un nuevo foco de tensión entre Argentina y Chile, a pocos días de que se conociera la preocupación de Santiago por los cazas F-16 que incorpora la Fuerza Aérea Argentina.
La empresa chilena Easter Island Naviera alista la partida del buque mercante Danstar, de bandera chilena, con el que busca inaugurar una conexión comercial periódica para abastecer al archipiélago. El primer viaje está previsto entre noviembre y diciembre. El recorrido atravesaría el Estrecho de Magallanes y luego saldría a mar abierto rumbo a Puerto Argentino.
Según se informó, la compañía evaluó en un principio navegar por el Mar de Drake para evitar cualquier fricción internacional. Sin embargo, esa alternativa fue descartada en Santiago, ya que se la consideró una renuncia implícita a los derechos de navegación sobre el estrecho. Al optar por Magallanes, la embarcación ingresará en el mar territorial argentino una vez que abandone esa vía.
Ese es, justamente, el punto que más inquieta al gobierno chileno. Informes de inteligencia militar citados por medios trasandinos, como BioBio, señalan que el escenario más complejo se dará cuando el Danstar avance por aguas bajo jurisdicción argentina. Los reportes advierten sobre una posible interceptación o captura del buque por parte de la Prefectura Naval Argentina o de la Armada Argentina, lo que derivaría en un “evento crítico”.
Los decretos argentinos que podrían complicar el recorrido
Uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en la legislación argentina sobre la navegación hacia las islas. En febrero de 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 256/2010 estableció que determinados buques que pretendan navegar entre puertos continentales argentinos y las Malvinas deben contar con autorización previa. La normativa también alcanzó a las embarcaciones que transporten mercaderías o bienes vinculados con el archipiélago.
Otro antecedente es el Decreto 457/2021, firmado durante la gestión de Alberto Fernández, que incluyó al Estrecho de Magallanes dentro de un esquema que Argentina definió como un espacio de interés compartido con Chile. La disposición provocó cuestionamientos de la diplomacia chilena, ya que Santiago sostiene que el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 respaldan su soberanía sobre el estrecho.
La cuestión volvió a cobrar relevancia durante el gobierno de Javier Milei, que manifestó su intención de corregir aspectos de la normativa argentina que generaron controversias con Chile.
Una disputa comercial de fondo
Detrás de la maniobra logística hay una pelea económica. El mercado de insumos para las islas mueve más de 20 millones de dólares al año e incluye materiales de construcción, maquinaria, alimentos, combustibles y suministros agrícolas. De acuerdo con medios chilenos, Punta Arenas pretende convertirse en un centro de abastecimiento regional y competir con el flujo que desde hace años parte de Montevideo, Uruguay.
La ventaja de la ciudad chilena es de orden logístico: la distancia marítima hacia las Malvinas es unos 1.100 kilómetros menor que desde la capital uruguaya. La iniciativa cuenta con el respaldo del sector privado local, tras encuentros entre 60 empresas de Magallanes y 132 entidades del archipiélago.
La postura de Santiago
Pese a las advertencias de inteligencia, La Moneda descartó escoltar la nave con unidades de la Armada de Chile, al tratarse de una operación privada. Además, la fecha exacta del zarpe se mantiene bajo estricta reserva para reducir las posibilidades de una escalada.
Frente a las versiones de un posible incidente, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, pidió prudencia y defendió el principio de libre navegación. “Todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”, sostuvo. El funcionario remarcó que las inspecciones deben ajustarse a convenios internacionales y no a razones políticas, y destacó la relación permanente entre ambas armadas.
Desde Easter Island Naviera subrayaron que el viaje del Danstar responde estrictamente a un emprendimiento comercial regido por el derecho internacional. No obstante, el Poder Ejecutivo chileno sigue el caso de cerca y admite que cualquier acción de la Prefectura o de la Armada en aguas territoriales forzaría una respuesta diplomática contundente.
