La filtración de 13 grabaciones telefónicas salpica a la primera dama, ministros y allegados del mandatario en medio de acusaciones de intromisión estatal, operaciones paralelas y narcotráfico. La Fiscalía creó una Unidad de Cibercrimen, mientras verificadoras independientes descartan el uso de Inteligencia Artificial en los audios.
 |
| Imagen ilustrativa RRSS |
Octubre cierra para el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en medio de una fuerte tormenta política. En las últimas semanas del mes se difundió una nueva oleada de grabaciones telefónicas atribuidas al entorno del exasesor político Fernando Cerimedo, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro, vuelven a poner el foco sobre el círculo de mayor confianza del mandatario.
La crisis cobró impulso a partir de la entrega de dispositivos y archivos informáticos a la justicia por parte de la abogada Nadia Beller —expareja de Cerimedo— tras sufrir un atentado armado, sumado a las revelaciones públicas encabezadas por el vicepresidente Edmand Lara y diversos medios de comunicación.
Según los últimos audios, material presentado públicamente, la primera dama, María Elena Urquidi, aparece en audios que sugieren una presunta injerencia en la gestión pública, con diálogos sobre tensiones dentro del gabinete y posibles relevos en el mando de la Policía Nacional. La hija del presidente, Catalina Paz, está bajo escrutinio por registros que supuestamente la vinculan con comunicaciones con el asesor, actualmente detenido en Chonchocoro. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aparece en conversaciones donde se habla de disputas por cargos en sectores estratégicos como hidrocarburos, de críticas a otros ministros y de un presunto presupuesto millonario para un plan contra el expresidente Evo Morales.
Tres verificadoras descartan inteligencia artificial en los audios con la primera dama
En medio de la disputa sobre la autenticidad del material, tres análisis técnicos e independientes, realizados por Bolivia Verifica, ChequeaBolivia y el periodista Joaquín Martela, concluyeron que las conversaciones entre Cerimedo y Urquidi presentan características orgánicas y no fueron generadas mediante inteligencia artificial.
Las plataformas coincidieron, cada una por su cuenta, en que el material carece de los patrones monótonos o los cortes robóticos típicos de los deepfakes. Los análisis acústicos y los espectrogramas identificaron ruido de fondo natural, respiraciones, modulación emotiva y variaciones de volumen propias del habla humana. Las grabaciones analizadas abordan presuntas discrepancias por licitaciones de kits de GNV, la comercialización de urea y la designación de cargos en YPFB e Hidrocarburos.
Las verificadoras fueron cautas en sus conclusiones. Aclararon que descartar el uso de IA no constituye una prueba judicial ni confirma la identidad legal de las partes. Sin el archivo original ni sus metadatos, explicaron, no es posible descartar ediciones, cortes, montajes de contexto o el uso de imitadores.
Una investigación que se transformó en terremoto político
La detención de Cerimedo, iniciada tras el atentado armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, y ampliada después por enriquecimiento ilícito, desencadenó la crisis. Beller entregó dispositivos y archivos a la justicia, y las revelaciones públicas, encabezadas por el vicepresidente Edmand Lara y por distintos medios, dieron a conocer hasta ahora 13 audios.
Entre los contenidos que se les atribuyen figuran:
- Gabinete y Policía: una conversación entre Cerimedo y la primera dama en la que se critica al entonces comandante policial Mirko Sokol por el fallido desbloqueo en San Julián y se plantea remover al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y al viceministro Hernán Paredes por su cercanía con Samuel Doria Medina.
- Estado de excepción: una llamada entre Paz y Cerimedo sobre la promulgación de la medida en junio, en la que el presidente hablaría de diseñarla como una narrativa para la opinión pública.
- San Julián: un diálogo con el ministro Oviedo en el que el asesor le instruiría detener a la mayor cantidad posible de personas y cortar la electricidad y el internet en el municipio. Lara criticó que un extranjero diera órdenes a ministros.
- Uso político de la UIF: según Beller, Cerimedo intentó emplear informes de la Unidad de Investigaciones Financieras contra Doria Medina y organizó talleres con diputados para alinearlos con el oficialismo.
- Narcotráfico y procesos judiciales: conversaciones sobre un presunto cobro informal de 15.000 dólares a aeronaves vinculadas al narcotráfico en Beni, y otra con el entonces jefe de la Felcn, coronel Frans Cabrera, sobre “armar” casos judiciales a personas incómodas.
- Contactos con la Fiscalía: una llamada con el entonces fiscal general, Roger Mariaca, para concertar una reunión privada en Santa Cruz.
- Insultos al gabinete: un audio de casi siete minutos con el diputado Alejandro Reyes, en el que se tilda de “tibios” e “idiotas” a integrantes del gabinete. La filtración derivó en la expulsión de Reyes de su bancada.
- Operativo contra Evo Morales: una conversación con el ministro Zamora sobre una operación para capturar al expresidente, con un presupuesto estimado de entre siete y ocho millones de bolivianos.
- Pugnas en YPFB: dos audios sobre nombramientos y licitaciones en la petrolera estatal, uno con la primera dama y otro con Zamora, que exponen la interna entre ministros por el control de empresas estratégicas.
- Otros audios: el papel del consultor Wálter Chávez en la estrategia de comunicación oficial y la venta de La Derecha Diario por parte de Cerimedo, en un audio de julio.
La respuesta de la Fiscalía y del Gobierno
Ante la magnitud del caso, la Fiscalía General del Estado anunció la creación de la Unidad de Cibercrimen. Entre sus tareas prioritarias estarán los peritajes informáticos oficiales para determinar si hubo manipulación digital, además de investigar el origen de las filtraciones y a los responsables de producirlas y difundirlas.
El Ejecutivo, en tanto, optó por la cautela. El vocero presidencial afirmó que el Gobierno no hará comentarios sobre audios que carezcan de una fuente identificada y verificada. La postura coincide con la del presidente Paz, quien calificó las filtraciones de “chismeríos” y planteó que las grabaciones podrían estar alteradas con inteligencia artificial o responder a una campaña de desprestigio orquestada por grupos criminales. Los análisis de las tres verificadoras contradicen, al menos en lo que respecta al uso de IA, esa hipótesis.
Hasta el momento, la autenticidad de los audios no fue confirmada por peritajes oficiales, por lo que su contenido debe entenderse como atribuido y presunto. Los resultados de la nueva unidad fiscal serán clave para determinar el alcance real de las grabaciones.
