Bolivia está en una etapa de tensión política y social alta: sindicatos y sectores populares continúan con paros, bloqueos y protestas. El gobierno de Rodrigo Paz mantiene su plan económico pese al rechazo masivo. La negociación entre las partes sigue abierta pero con posiciones muy distantes.
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El conflicto se originó tras la promulgación del Decreto Supremo 5503 por parte del presidente Rodrigo Paz, que elimina las subvenciones estatales a los combustibles, que existían desde hace más de 20 años. Esto provocó un aumento significativo en los precios de la gasolina y el diésel, lo que impactó fuertemente en el costo de vida de la población.
Las medidas del Gobierno sobre la eliminación de subsidios a combustibles los precios subieron hasta más de 80-160 %. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida es necesaria para enfrentar una crisis fiscal profunda y ordenar las cuentas públicas.
Rodrigo Paz también promovió algunos beneficios sociales (aumentos de salario mínimo y bonos), pero eso no mitigó el descontento de los sectores afectados.
Los sectores movilizados junto a la Central Obrera Boliviana (COB) declararon huelga general y paro nacional indefinido en rechazo al decreto y exigiendo su inmediata abrogación (que sea anulado).
Esta medida es respaldada por las Federaciones de mineros, maestros, fabriles, campesinos y transportistas que se sumaron en última instancia. Las protestas incluyen marchas masivas en La Paz, bloqueo de carreteras importantes y cortes de rutas que aislaron la sede de gobierno y paralizaron economías regionales.
La movilización fue llamada “Bolivia no se vende” por parte de los sindicatos, denunciando una apertura económica sin consensos. Las marchas derivaron en enfrentamientos con la policía: uso de gases lacrimógenos, detenciones y heridos mientras manifestantes intentaban llegar al centro paceño.
El clima de tensión se ha mantenido con bloqueos prolongados y días de protestas continuas. Hubo intentos de diálogo entre el gobierno y dirigentes de la COB, pero no se alcanzaron acuerdos significativos hasta ahora, pues la COB exige la derogación total del decreto, y el gobierno se mantiene firme en su postura.
En las últimas horas, desde la COB llamaron a masificar las movilizaciones contra el DS 5503. Su ejecutivo Mario Argollo, hizo un llamado a los sectores sociales y a la población en general a intensificar las movilizaciones en los nueve departamentos del país.
Argollo aseguró que la COB y los movilizados defienden reivindicaciones justas, como la protección de los recursos naturales y la reserva de Tarija, y criticó al Gobierno por su actitud “insensible”. “Ya hemos agotado las vías del diálogo, incluso sin la presencia del presidente, y ahora hemos recibido un no como respuesta. Por eso llamamos a todo el pueblo boliviano a movilizarse”, afirmó el ejecutivo.
El dirigente enfatizó que la dirigencia no se venderá y que las acciones buscan proteger el futuro de las próximas generaciones. Asimismo, advirtió que el decreto atenta contra el pueblo y que, si el Gobierno ignora la presión social, “cuando el pueblo se calienta va a pedir su cabeza”, sentenció. Argollo también pidió apoyo de la ciudadanía para mantener la resistencia frente a posibles persecuciones políticas y destacó que continuarán luchando pese a que “el Gobierno tiene la justicia a su lado”.
La COB señaló que la negativa del Gobierno a abrogar el DS 5503 convierte la movilización en un frente nacional, asegurando que las acciones no cesarán hasta lograr la derogatoria del decreto.
Desde el otro lado, el presidente Rodrigo Paz responsabiliza a anteriores gobiernos (de Evo Morales y Luis Arce) por la situación económica que heredó y afirma que su mandato no dará marcha atrás con el DS 5503 y la implementación de las reformas, quien también caracterizó las movilizaciones como ataques contra la estabilidad democrática y exige garantías de orden.
