Es el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, quien detalló que durante el segundo año de mandato de Javier Milei se duplicaron las acciones represivas contra la protesta social.
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| Foto: Marita Costa |
El informe de la Comisión Provincial por la Memoria expone un alarmante incremento en las acciones represivas contra la protesta social durante el segundo año de mandato de Javier Milei, duplicando las cifras respecto al año anterior. El organismo especializado señala que cerca de la mitad de las movilizaciones públicas de 2025 estuvieron marcadas por episodios de represión, con al menos 1.369 personas heridas, entre las cuales se destacan casos graves como los del fotógrafo Pablo Grillo y los manifestantes Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de un ojo por disparos de balas de goma.
El monitoreo realizado abarcó 79 marchas, evidenciando un aumento significativo en los hechos represivos, que pasaron de 17 incidentes en 2024 a 34 en 2025. Este crecimiento no solo implicó mayores cifras de heridos, sino también detenciones arbitrarias, ascendiendo a un total de 165 en 2025, frente a las 93 registradas el año anterior. Estos operativos de detención se intensificaron particularmente durante las desconcentraciones de las movilizaciones, aplicándose frecuentemente figuras como atentado contra la autoridad o daños.
El informe también refleja un agravamiento en las agresiones hacia perfiles específicos dentro de las manifestaciones. Los trabajadores de prensa vieron duplicadas las cifras de heridos con respecto al año anterior, mientras que los incidentes contra adultos mayores se multiplicaron por cuatro. Además, se registraron ataques hacia defensoras y defensores de derechos humanos (20 casos) así como a niños y adolescentes (5 casos).
En cuanto a los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad, el reporte detalla el uso recurrente de armamento violento y no reglamentario, como balas de goma disparadas a corta distancia, gases irritantes lanzados directamente al rostro, pistolas y escopetas Byrna con proyectiles químicos, granadas lacrimógenas y camiones hidrantes. A esto se suman prácticas ilegítimas como el uso de armas de fuego con balas de plomo en un 78% de los operativos y tareas de inteligencia ilegal detectadas en el 69% de las marchas monitoreadas.
La Comisión Provincial por la Memoria atribuye responsabilidad no solo al presidente Javier Milei y a Patricia Bullrich, encargada del protocolo antipiquetes, sino también al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según el documento, estas medidas represivas son usadas para disuadir el descontento social derivado de las políticas implementadas por el gobierno nacional.
El informe concluye que la represión ha sido sistemática pero selectiva, dirigida principalmente hacia movimientos sociales, sindicales y políticos con el propósito de restringir el derecho a la libertad de expresión y la participación pública de quienes disienten con las políticas oficiales. Aunque durante el primer año de gestión el objetivo principal fueron las organizaciones piqueteras, en el segundo año el foco represivo se desplazó hacia agrupaciones de jubilados que se manifiestan semanalmente frente al Congreso.
Finalmente, el informe denuncia un recurrente menosprecio del gobierno hacia su rol como garante de derechos humanos. Este enfoque, según la Comisión Provincial por la Memoria, sitúa al país lejos de los principios básicos que definen una democracia plural y respetuosa de las diferencias.
