Rodrigo Paz y su paquete de medidas: gasolinazo de 87% y diéselazo de 162%

El presidente Rodrigo Paz lanzó un paquete de medidas que incluyen el aumento del salario mínino, la eliminación de subsidios a combustibles, mayores transferencias sociales y un giro en la política cambiaria, en medio de una crisis fiscal y de divisas en Bolivia.

Imagen TBO RRSS

El presidente Rodrigo Paz anunció la declaratoria de emergencia económica y social mediante un Decreto Supremo que elimina la subvención a los hidrocarburos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible y preservar las reservas del país, junto a un paquete de medidas que incluye la distribución del 50% de los nuevos recursos a las regiones, el incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos desde 2026, el aumento de la Renta Dignidad y estímulos a la inversión privada.

"Pueblo de Bolivia, hoy hemos dictado un histórico D.S. He decidido declarar la emergencia económica y social que busca el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos, una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar nuestras reservas. Estos nuevos recursos no se quedarán en el centralismo, sino que se distribuirán en un 50% directamente a nuestras regiones y gobiernos subnacionales, asegurando que el esfuerzo de todos se convierta en mejores hospitales, escuelas y servicios para cada boliviano.

Pero mi prioridad absoluta es proteger su bolsillo mientras estabilizamos el país. Por ello, anuncio que desde enero de 2026 el salario mínimo nacional subirá a 3.300 bolivianos, un incremento del 20%, y elevaremos la Renta Dignidad a 500 bolivianos para nuestros adultos mayores. Además, vamos a derrotar al 'Estado tranca' implementando el silencio administrativo positivo para que ningún trámite frene el trabajo de nuestra gente, y abriremos las puertas a la inversión con impuestos 0% para quienes repatríen sus capitales para producir en nuestra tierra, escribió.

"La medida se mantendrá firme"

El Gobierno ha dejado claro que no dará marcha atrás ni se prestará a negociaciones respecto al Decreto de ajuste económico pese al reconocido "costo político" que esta decisión implica. En una reciente conferencia de prensa, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, fue contundente al afirmar que la medida se mantendrá firme, incluso frente a las exigencias de varios sectores, como la Central Obrera Boliviana (COB), los mineros, transportistas y maestros, que han solicitado la derogación de dicho Decreto.

El Decreto Supremo 5503, que elimina subsidios a los combustibles como parte de las medidas económicas implementadas, no será reconsiderado. Los miembros del Gobierno, incluido el presidente Rodrigo Paz, han enfatizado que esta decisión no responde a intereses electorales, dado que Paz no buscará la reelección en cinco años.

Espinoza subrayó que la puesta en marcha del Decreto no responde a presiones sociales. Según sus declaraciones, el presidente no está calculando el impacto político de estas acciones, sino priorizando la responsabilidad económica del país. En sus palabras, las decisiones recientes demuestran un compromiso claro y decidido sobre el rumbo económico a seguir.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el Decreto no es negociable y forma parte de un enfoque técnico orientado a garantizar estabilidad económica. Remarcó que estas medidas son el resultado de un análisis profundo y no obedecen a "caprichos". Indicó que el mandato del Gobierno incluye tomar decisiones complejas pero necesarias para velar por el bienestar del país.

Lupo reafirmó la disposición de las autoridades para entablar mesas de diálogo orientadas a explicar los impactos técnicos de las medidas adoptadas, aclarando que la intención del Gobierno es sincerar la economía y evitar un déficit insostenible que podría desatar una inflación perjudicial para los sectores más vulnerables.

El Gobierno fijó nuevos precios para los carburantes, que entraron en vigencia tras la publicación del Decreto Supremo 5503 en la Gaceta Oficial, cerca de las 23:00 hora local.

La gasolina Especial subió de 3,72 bolivianos a 6,96 bolivianos por litro, un incremento de 87,1%, mientras que el diésel aumentó de 3,74 bolivianos a 9,80 bolivianos por litro, equivalente a un alza de 162,0%, según cifras oficiales difundidas por el Ejecutivo.

Otros precios establecidos incluyen la gasolina Premium en 11,00 bolivianos por litro y el jet fuel en 10,74 bolivianos. El precio del gas licuado de petróleo (GLP) se mantiene sin cambios en 22,50 bolivianos por garrafa.

“No es una decisión más, es una decisión histórica de salvataje de la Patria para una Bolivia con futuro”, declaró el Presidente y luego señaló las medidas.
  • Haremos repatriación de capitales con 0% de impuestos, para quienes traigan dinero y confíen en Bolivia.
  • Simplificaremos los impuestos para la compra de maquinaria.
  • Liberaremos las exportaciones.
  • Vamos a facilitar las importaciones de diésel, que ya no estará en la lista de sustancias controladas.
  • Los recursos del Estado serán distribuidos con el 50/50.
  • El salario mínimo será de 3330 bolivianos, desde el 2 de enero, el incremento será del 20%. El aumento regirá durante todo el 2026. Luego nos volvemos a sentar a fin de año.
  • Vamos a incrementar la renta dignidad a Bs 500.
  • Garantizamos el Bono Juancito Pinto a Bs 300.
  • Creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, destinado a padres, madres y tutores sin aportes contributivos.
“Este decreto va contra los bandidos. Bolivia es la patria que nunca nos abandona”, remató. 

Los nuevos precios de los hidrocarburos fueron detallados como sigue:

- Gasolina Especial: Bs 6,96 por litro
- Diésel Oíl: Bs 9,80 por litro
- Gasolina Premium: Bs 11,00 por litro
- Gasolina de Aviación: Bs 10,57 por litro
- Kerosene: Bs 5,64 por litro
- Jet Fuel: Bs 10,74 por litro
- Gas Oíl: Bs 5,69 por litro
- GLP: Bs 22,50 la garrafa

Además, el presidente indicó que el diésel sería retirado de la lista de sustancias controladas para garantizar su disponibilidad para sectores clave como el transporte y la agroindustria.

Finalmente, Paz afirmó que esta eliminación de antiguos subsidios mal diseñados no representa un abandono a la ciudadanía, sino un paso hacia una mayor justicia económica y redistribución transparente. Concluyó con la declaración de que estos subsidios no volverán a condenar al país.

“El peor regalo de Navidad”

Evo Morales repudió la iniciativa de Paz, calificándola de improvisada. “Sus medidas son una desproporción económica inaceptable entre los ingresos de la población y el incremento del precio de los combustibles”, manifestó en una publicación en la red social X. “Mientras el salario mínimo creció alrededor del 20 %, la nafta registra un aumento del 86 % y el diésel del 160 %. Esta brecha rompe cualquier criterio de equilibrio y golpea con mayor fuerza a las familias trabajadoras”, remarcó.

Para el exmandatario, Bolivia necesita decisiones responsables que protejan el bolsillo de las mayorías, fortalezcan la planificación estatal y garanticen estabilidad económica. “Sin estudios, sin consenso y sin medidas de protección frente a la volatilidad internacional, el levantamiento de la subvención se convierte en un castigo social y no en una solución estructural”, afirmó. “Mientras a los ricos se los libera de impuestos, a los pobres se les carga en sus espaldas un desproporcionado incremento en los combustibles, que derivará con seguridad en el aumento de precios a todo nivel. El gobierno de Rodrigo Paz acaba de entregar al pueblo boliviano, el peor regalo de Navidad", lamentó.

Por el contrario, el gobierno de Donald Trump aplaudió las reformas de Rodrigo Paz, al tiempo que ofreció su asistencia con el fin de apoyar al país sudamericano en esta etapa de transición que está llevando a cabo. “Estas medidas son un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos, después de años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. “Estados Unidos colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas reporten beneficios al pueblo boliviano en el menor tiempo posible”, agregó.

Incertidumbre social

Los ciudadanos amanecieron este jueves con incertidumbre, filas largas en las estaciones de servicio y amenazas de realización de protestas sociales tras el anuncio del retiro de la subvención de los combustibles. Entre otra de las reacciones contrarias a la medida surgieron por parte de los sindicatos de transportistas, como el Transporte Libre de La Paz, cuyo dirigente, Limbert Tancara, sostuvo que los conductores están muy dolidos y lastimados por el decreto.

Según Tancara, los chóferes decidieron subir el costo del pasaje del transporte público, de 2,40 a 5 bolivianos (de 0,34 a 0,71 dólares) en tramos cortos y de 3 a 6,50 bolivianos (0,43 a 0,93 dólares) en rutas largas, al igual que los taxis de ruta fija o “trufis”. “Si el Gobierno retrocede en este decreto supremo, no va a haber ningún tipo de materialización de esta situación que estamos planteando”, indicó Tancara y aseguró que su sector coordina con otros sindicatos para hacer una manifestación conjunta en contra de la norma ya que sostiene que atenta contra los sectores populares.

En otras regiones, los transportistas también anunciaron reuniones entre este jueves y el sábado para analizar las medidas gubernamentales, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) tendrá este viernes un encuentro de emergencia para analizar acciones contra lo que consideró un “gasolinazo”.
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