Las fuentes consultadas por esta investigación, realizada por una alianza de medios internacionales liderada por CONNECTAS, concluyen que el caso “Adán y Eva” expone el favor de instituciones del Estado para beneficiar al hijo menor del presidente de Bolivia.
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Después de haber sido funcionario público de rango medio durante cerca de ocho años, Rafael Ernesto Arce Mosqueira se convirtió en un millonario agroindustrial al comprar el predio “Empresarial y agrícola Adán y Eva”, de 2187,8 hectáreas, en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia.
También obtuvo, mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para ampliar los desmontes a casi 1000 hectáreas, pese a ser calificada como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP) y a estar sobrepuesta en la categoría de Bosque de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Uso del Suelo, un instrumento que asigna las características de explotación de los predios rurales. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque; aún tiene permiso para desmontar otras 468,6 hectáreas.
En las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplió el Decreto Supremo 5225, expedido por su padre, Luis Arce, mediante el cual prohibió las quemas en todo el país en 2024, ante la emergencia ocasionada por los incendios forestales que arrasaron 12 millones de hectáreas en medio año.
Las fuentes consultadas por esta investigación, realizada por una alianza de medios internacionales liderada por CONNECTAS, concluyen que el caso “Adán y Eva” expone el favor de instituciones del Estado para beneficiar al hijo menor del presidente de Bolivia en detrimento de las características medio ambientales de la zona. Así fue al menos en una modificación en el ordenamiento del predio, aprobada en tiempo récord poco después de que Rafael lo adquiriera, y en la construcción de un puente durante la actual Administración, decisiones que beneficiaron indirectamente los negocios agrícolas del hijo del presidente.
Para esta investigación se enviaron solicitudes de información con preguntas detalladas a Rafael Ernesto Arce Mosqueira; Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia; Eulogio Núñez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y Luis Roberto Flores, director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Hasta el cierre de este reportaje no recibió respuesta.
“Adán y Eva” pasó a manos de Rafael el 11 de noviembre de 2021 por US$3.335.485. La Escritura Pública de Transferencia indica que, un mes antes de la firma de este documento, el hijo del presidente pagó por anticipado US$280.000 y los US$3.055.485 restantes los obtuvo mediante un crédito bancario.
¿Cómo pudo acceder a ese crédito millonario si solo tenía 25 años, hasta entonces había sido un funcionario público de rango medio y no proviene de una familia adinerada? Esta fue una de las preguntas enviadas por escrito, pero que no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta investigación.
Los bancos tienen prohibido brindar información sobre operaciones financieras de personas naturales o jurídicas, pero se consultó a fuentes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. Bajo condición de anonimato indicaron que para acceder a un crédito similar al adquirido por el hijo del presidente la persona debe tener un buen historial crediticio, presentar certificados de altos ingresos y pagar el equivalente al 30% de sus ingresos por alrededor de 10 años con una tasa de interés entre el 5 y el 15%. Se le consultó a Rafael Arce sobre las condiciones y garantías que le permitieron acceder al crédito, pero tampoco respondió.
El año pasado, Héctor Arce, diputado del ala del expresidente Evo Morales, cuestionó el origen de la fortuna de Rafael y lo denunció penalmente en la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias. Al cierre de este reportaje, la Fiscalía no había respondido la pregunta sobre el estado del proceso.
El INRA, que en 2011 había clasificado a “Adán y Eva” como “empresarial y agrícola”, en 2015 entregó a una pareja de particulares un título ejecutorial de dotación y adjudicación sobre las 2187,8 hectáreas. El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz ve ahí una primera irregularidad. Explica que, por definición de la Ley 3545 y de la propia Constitución del Estado, los destinatarios de la dotación deben ser las comunidades indígenas o campesinas. “No hay lugar a ninguna propiedad empresarial posible”, aclara y dice: “Desde ya se tendría que dar lugar a la nulidad del respectivo título ejecutorial”. Esto sería como “el pecado original” del predio.
En 2017, los entonces dueños solicitaron a la ABT la aprobación de un Plan de Ordenamiento Predial (POP) para disponer de los recursos naturales. A través de un informe técnico, la entidad observó que, por la ubicación de estas tierras, la agricultura y ganadería “no están permitidas, salvo en pequeñas áreas bajo sistemas de necesidad local, con prácticas de conservación de suelos”.
Aun así, la ABT Santa Cruz aprobó el POP de “Adán y Eva” por 10 años y autorizó establecer un sistema agrosilvopastoril en la tercera parte del terreno, lo que significa desmontar 721 hectáreas. El chaqueo debía ser manual o con motocultor y había que conservar los árboles mayores de un metro y medio de altura. La zonificación fijada por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz sostiene que, en esa área, las leyes no permiten la agricultura a escala comercial y menos convertir el bosque en monocultivos, como la siembra extensiva de soya o maíz que ocurre en “Adán y Eva”.
Cuatro años después, Rafael Arce adquirió el predio. El hijo del presidente no perdió tiempo: dos semanas luego de la transferencia de “Adán y Eva” a su nombre, tocó las puertas de la ABT para pedir la modificación del Plan de Ordenamiento Predial y así ampliar los desmontes a 948 hectáreas e implementar un sistema de producción que combina árboles, cultivos y ganado. La solicitud ingresó el martes 23 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre, Luis Roberto Flores Orellana, en aquel entonces director regional de la ABT Santa Cruz, firmó la Resolución Administrativa (POP 5073-2021) sin una sola observación. Dos años más tarde, el funcionario fue nombrado director nacional de esta institución.
Peritos ambientales sostienen que es anormal que un trámite de aprobación o modificación de POP dure seis días, y más si es un predio protegido. Si bien la Resolución Administrativa ABT 129/2020 indica que este tipo de trámites debe resolverse en no más de un mes, funcionarios de esta institución informaron que el promedio usual es de tres meses, por el análisis de la documentación presentada, la posible inspección a los terrenos y el escaso personal de la entidad.
Un estudio de un perito ambiental independiente, basado en lo establecido en el PLUS y la Ley Forestal, concluye que el bosque debería ocupar el 69,3% de la superficie de “Adán y Eva”, pero la ABT no solo autorizó una deforestación mayor, sino que le dio licencia a Rafael para eliminar la unidad de “Bosque de Protección de Laderas (UP-L)”, que figuraba en el anterior POP y cuyo propósito era proteger 260 hectáreas.
En ninguna parte del modificado plan de ordenamiento predial se aprueba la implementación de cultivos intensivos. Pese a ello, entre febrero y marzo de este año, los sembradíos de maíz y soya formaban gigantes ríos verdes que serpenteaban entre las montañas y se perdían en el horizonte de “Adán y Eva”, según se pudo observar en dos visitas al lugar.
Para llevar esta cosecha a los mercados, Rafael ahora cuenta con un puente de 148 metros de longitud, en doble vía sobre el río Piraí, a tan solo 15 kilómetros de su propiedad. Para su construcción, el Gobierno de Luis Arce desembolsó 21,7 millones de bolivianos (US$3,1 millones). Era una demanda de los pobladores desde hace 20 años, que, dicen ellos, “don Rafael” les ayudó a coronar.
La mano de Rafael, el nuevo agroempresario propietario del predio, no se detuvo ni cuando Bolivia enfrentó su peor emergencia climática en 2024: los incendios forestales y la sequía. Un análisis de datos VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) de la NASA registró dos picos de focos de calor después de la firma del decreto presidencial que prohibía las quemas, con un promedio de 6 alertas por día. El primero, entre el 20 y el 31 de octubre y el segundo, del 13 al 17 de noviembre de 2024.
Una revisión satelital realizada por esta investigación encontró que el terreno donde hubo quemas fue reconvertido luego a terreno cultivable. Se le consultó a la ABT si investigó y sancionó estos fuegos, pero no hubo respuesta. El análisis de deforestación, basado en imágenes Planet con 3,5 metros de resolución espacial, indica que, solo en 2024, “Adán y Eva” perdió 182,6 hectáreas de bosque.
En criterio de la diputada María José Salazar, más allá de los delitos ambientales graves por desobedecer un decreto presidencial en plena emergencia por los incendios y de destruir un bosque de protección, el caso “Adán y Eva” expone una trama de tráfico de influencias y asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecer a una persona.
Fuente: https://www.connectas.org/
