Sus seguidores insisten y no reconocen el fallo constitucional, mientras la línea oficialista amenaza con tomar las sedes del MAS IPSP luego de que la justicia le quitara al expresidente el liderazgo del partido que tiene más del millón de militantes inscritos.
Disconformes con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que “arrebató” la titularidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) a Evo Morales reconociendo el congreso del ala “arcista” entre el 3 y el 5 de mayo de este año que determinó elegir a Grover García como presidente del partido, los evistas no reconocen el fallo y amenazan con una defensa social. Según Vision360, los legisladores de la bancada “evista” rompieron el fallo en una rueda de prensa y afirmaron que no acatarán la determinación.
La diputada Gladys Quispe, rompió, ante los medios de comunicación, la sentencia emitida por los magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada, quienes la semana pasada también sacaron un fallo que impide la repostulación a Evo Morales en los comicios presidenciales de 2025 declarando que el periodo de mandato de las autoridades electas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial será “únicamente” por dos períodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato.
Recordemos que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia (TSE) acató la sentencia emitida 1010/2023 por el Tribunal Constitucional y resolvió que Evo Morales no podrá postularse nuevamente a la presidencia del país en los comicios de 2025.
"Como autoridades electas, respetuosas de nuestra Carta Magna, no asumimos y no acatamos sentencias constitucionales de delincuentes autoprorrogados, delincuentes de cuello blanco", afirmó Quispe.
Por su parte, el concejal por El Alto, Wilma Alanoca anunció que habrá una “defensa legal” y la “defensa social”. Evo Morales aclaró que no retomará el bloqueo de carreteras que paralizaron al país y dejaron pérdidas millonarios, pero advirtió que marchará junto a sus partidarios hasta la sede de gobierno con el objetivo de buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país y reconocer su postulación presidencial por el partido gobernante para los comicios del próximo año. En sus redes escribió que existe un “lawfare” para entregar la sigla del partido al arcismo y calificó de “inconstitucional” e “ilegal” el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, dijo. “El gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado”, pues le basta con “la Sala Constitucional IV para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas, suspender procesos electorales, ayudar a sus socios anulando sentencias penales y hasta entregándoles tierras del Estado”. Este viernes (15/11) aseguró que su “victoria final es cuestión de tiempo”.
Por otro lado un grupo de dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), afines al presidente de Bolivia, Luis Arce, celebraron el fallo favorable y amenazaron con tomar la sede del partido. ”Es justo que el Movimiento al Socialismo regrese a sus verdaderos dueños, a las organizaciones sociales. Nosotros hemos cumplido con todos los estándares de nuestro estatuto y reglamento interno”, declaró Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Gómez aseguró que corresponde ahora “tomar las oficinas de la dirección nacional del MAS” y llamó a la “unidad del pueblo boliviano, a los militantes, a los simpatizantes”. Además, los arcistas reclamaron a Morales que devuelva al partido una suma de 10 millones de bolivianos que habría extraído de los fondos del MAS para financiar bloqueos y actividades políticas en su favor.
El fallo de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el del Tribunal Superior Electoral de Bolivia (TSE) significan un golpe contra Evo Morales en medio de la insoportable guerra fratricida entre él y Luis Arce por el poder y el liderazgo del MÁS y la candidatura del 2025, que hunden a Bolivia en su descomunal crisis económica, política y ambiental. La batalla se intensificó tras el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2023, que dejó al partido en una situación de bicefalia. Los seguidores de Evo Morales intentaron resolver la división expulsando a Luis Arce, pero el Tribunal Superior Electoral anuló dicho congreso, celebrado en Lauca Ñ, lo que profundizó el descontento entre los “evistas”. El bloque de Morales intentó en varias ocasiones realizar un congreso propio en el Trópico de Cochabamba, aunque sin el aval del ente electoral, mientras que la facción arcistas activó recursos legales para que se reconociera la reunión de la ciudad de El Alto. Finalmente el Congreso en mayo en El Alto fue reconocido por el Tribunal Constitucional que declaró inválido el congreso paralelo organizado por Morales en Cochabamba.
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Disconformes con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que “arrebató” la titularidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) a Evo Morales reconociendo el congreso del ala “arcista” entre el 3 y el 5 de mayo de este año que determinó elegir a Grover García como presidente del partido, los evistas no reconocen el fallo y amenazan con una defensa social. Según Vision360, los legisladores de la bancada “evista” rompieron el fallo en una rueda de prensa y afirmaron que no acatarán la determinación.
La diputada Gladys Quispe, rompió, ante los medios de comunicación, la sentencia emitida por los magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada, quienes la semana pasada también sacaron un fallo que impide la repostulación a Evo Morales en los comicios presidenciales de 2025 declarando que el periodo de mandato de las autoridades electas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial será “únicamente” por dos períodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato.
Recordemos que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia (TSE) acató la sentencia emitida 1010/2023 por el Tribunal Constitucional y resolvió que Evo Morales no podrá postularse nuevamente a la presidencia del país en los comicios de 2025.
"Como autoridades electas, respetuosas de nuestra Carta Magna, no asumimos y no acatamos sentencias constitucionales de delincuentes autoprorrogados, delincuentes de cuello blanco", afirmó Quispe.
Por su parte, el concejal por El Alto, Wilma Alanoca anunció que habrá una “defensa legal” y la “defensa social”. Evo Morales aclaró que no retomará el bloqueo de carreteras que paralizaron al país y dejaron pérdidas millonarios, pero advirtió que marchará junto a sus partidarios hasta la sede de gobierno con el objetivo de buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país y reconocer su postulación presidencial por el partido gobernante para los comicios del próximo año. En sus redes escribió que existe un “lawfare” para entregar la sigla del partido al arcismo y calificó de “inconstitucional” e “ilegal” el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, dijo. “El gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado”, pues le basta con “la Sala Constitucional IV para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas, suspender procesos electorales, ayudar a sus socios anulando sentencias penales y hasta entregándoles tierras del Estado”. Este viernes (15/11) aseguró que su “victoria final es cuestión de tiempo”.
Por otro lado un grupo de dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), afines al presidente de Bolivia, Luis Arce, celebraron el fallo favorable y amenazaron con tomar la sede del partido. ”Es justo que el Movimiento al Socialismo regrese a sus verdaderos dueños, a las organizaciones sociales. Nosotros hemos cumplido con todos los estándares de nuestro estatuto y reglamento interno”, declaró Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Gómez aseguró que corresponde ahora “tomar las oficinas de la dirección nacional del MAS” y llamó a la “unidad del pueblo boliviano, a los militantes, a los simpatizantes”. Además, los arcistas reclamaron a Morales que devuelva al partido una suma de 10 millones de bolivianos que habría extraído de los fondos del MAS para financiar bloqueos y actividades políticas en su favor.
El fallo de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el del Tribunal Superior Electoral de Bolivia (TSE) significan un golpe contra Evo Morales en medio de la insoportable guerra fratricida entre él y Luis Arce por el poder y el liderazgo del MÁS y la candidatura del 2025, que hunden a Bolivia en su descomunal crisis económica, política y ambiental. La batalla se intensificó tras el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2023, que dejó al partido en una situación de bicefalia. Los seguidores de Evo Morales intentaron resolver la división expulsando a Luis Arce, pero el Tribunal Superior Electoral anuló dicho congreso, celebrado en Lauca Ñ, lo que profundizó el descontento entre los “evistas”. El bloque de Morales intentó en varias ocasiones realizar un congreso propio en el Trópico de Cochabamba, aunque sin el aval del ente electoral, mientras que la facción arcistas activó recursos legales para que se reconociera la reunión de la ciudad de El Alto. Finalmente el Congreso en mayo en El Alto fue reconocido por el Tribunal Constitucional que declaró inválido el congreso paralelo organizado por Morales en Cochabamba.
Ur24
