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martes, 27 de diciembre de 2011

Decomisan maquinaria textil para que la usen los trabajadores que eran explotados

Un juez federal procesó por trata de personas a cuatro empresarios textiles de Floresta y ordenó que las máquinas de los talleres las sigan usando los empleados.
El juez federal Sergio Torres procesó a dos ciudadanos chinos y dos coreanos que explotaban a trabajadores indocumentados en dos talleres textiles de la Capital por los delitos de “trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros”. Además el magistrado ordenó el decomiso de las máquinas que se usaban en los talleres para que los trabajadores continúen con sus tareas y puedan ganarse un sustento de manera legal.
El caso comenzó por una denuncia por trata de personas realizada en febrero pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de una inspección en dos talleres de Ensenada al 400 en Floresta donde hallaron a tres trabajadores que, cuando llegaron los inspectores, estaban encerrados bajo llave en una habitación.
Una mujer peruana, otra boliviana y un chino trabajaban y vivían en el taller. Ese hallazgo fue el inicio de una investigación que determinó que la organización mantenía bajo su vigilancia y explotaba a ocho personas mayores y un menor a los que les pagaba entre 1200 y 2500 pesos por turnos de 12 horas con pequeños intervalos para comer. La mayoría provenía de países limítrofes y estaba necesitada de trabajo.
En su resolución- a la que accedió Clarín- Torres señala que “de los relatos efectuados por las víctimas, ante el personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, se desprende que las mismas compartían una idiosincrasia común, provenientes de familias de escasos recursos, apremiadas por la situación económica de su país aceptaron el trabajo ofrecido por los imputados, como una opción para obtener dinero y enviarlo a sus familiares”.
Los procesados sufrieron el embargo de sus bienes y el fiscal del caso -Guillermo Marijuán- dictaminó en contra del pedido de levantamiento de la clausura del taller. Torres mantiene cerrados los locales donde se fabricaban diversas prendas de vestir y procesó a los integrantes de la organización sin prisión preventiva.
El juez federal le ordenó a la División Trata de Personas de la Policía Federal que secuestre “toda la maquinaria que se encuentre en los talleres textiles porque fueron utilizadas por los imputados como instrumentos para la comisión de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación o permanencia de extranjeros en nuestro país”.
Además, decidió que las máquinas sean entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) “a fin de que la referida organización las utilice para continuar con el desarrollo de la actividad textil, y se proporcione un sustento económico a los trabajadores que resultaron aquí damnificados, cumpliendo de esta forma con el rol social y económico que a las mismas puedan ser destinadas”.

 clarin