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domingo, 11 de septiembre de 2011

El 11 de septiembre de 2008 en Bolivia se masacró a indígenas

A tres años de la masacre de Porvenir, donde unos 15 campesinos fueron muertos por grupos paramilitares que respondían al mando de la prefectura del departamento de Pando, la justicia aún no ha dictado una sentencia.

    Este domingo 11 de septiembre se cumplen los tres años de ese suceso que conmovió al mundo por su crueldad, cuando una marcha de campesinos se dirigía a reunirse a fin de analizar sus reivindicaciones sobre tierras.

    La marcha fue interceptada por paramilitares que les ordenaron no proseguir y al recibir su negativa procedieron a disparar a mansalva, según los relatos de los testigos que sobrevivieron a esos hechos.

    De acuerdo con esos relatos, la violencia imprimida por esos grupos se originó en el temor de las autoridades de Pando de una intervención rural de Cobija.

    Investigaciones realizadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), conformada por 12 países, llegaron a la conclusión de que el hecho fue "premeditado y llevado a cabo por personal de la prefectura de Pando y del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), bajo instrucciones del entonces prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández".

    Desde el 16 de septiembre de 2008, Fernández y varios de sus colaboradores están detenidos en las cárceles de San Pedro y de Chonchocoro de La Paz, donde fueron trasladados por órdenes del juez.

    Uno de los abogados de las víctimas, Freddy Panique, dijo a la ABI que los acusados y sus asesores jurídicos han llevado adelante en estos tres años de proceso una sistemática acción de dilación para evitar que el proceso continúe.

    "Han sido innumerables los casos en los que fueron suspendidas las audiencias, debido a los incidentes presentados por los abogados de Fernández", anotó.

    Remarcó que, pese a que la Ley establece que si en tres años no se emite un fallo judicial al respecto, el caso sería archivado, las acciones dilatorias que llevaron adelante los acusados abren las puertas a que la misma Ley disponga la ampliación del caso.

    Otra de las abogadas de las víctimas, Mary Carrasco, manifestó a la ABI que los acusados encabezados por Fernández han incurrido en acciones vedadas por la Ley por su actitud de prepotencia y de amedrentamientos a los propios administradores de la Ley. 

    Subrayó que personalmente había recibido permanentes amenazas si es que proseguía con el proceso.

    Empero, Carrasco destacó que las declaraciones realizadas las últimas semanas por los testigos que sobrevivieron a la masacre develan la realidad de lo ocurrido en esos hechos y sus autores.

    El ex prefecto de Pando ha negado ser el autor intelectual de esos hechos, pero las declaraciones formuladas por sus propios ex colaboradores confirmaron que desde Cobija mantenía una permanente comunicación telefónica móvil para estar al tanto de los hechos.

    La intervención del Estado se inició el 14 de septiembre, una vez que la Fiscalía General anunció el inicio de un proceso por genocidio contra Leopoldo Fernández y una decena de personas.

    Para evitar ser procesadas, unas 400 personas, entre ellas dirigentes cívicos y personas ligadas a Fernández, prefirieron escapar a poblaciones brasileñas fronterizas, en especial a Brasilea y Epitaciolandia, desde donde se declararon perseguidos políticos y solicitaron refugio.

    Tras una evaluación de los hechos, el presidente Evo Morales declaró en septiembre de 2008 persona non grata al entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, una vez que se estableció que apoyaba una conspiración de grupos opositores para desestabilizar y propiciar la caída del Gobierno.

    Pocos días después corrieron la misma suerte los agentes de la Oficina Anti Drogas de Estados Unidos (DEA) por el mismo motivo.

    El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que, durante los Gobiernos neoliberales, la embajada de Estados Unidos tenía hasta una oficina en el palacio de Gobierno para realizar escuchas telefónicas a las autoridades, lo que no sucedió en la administración de Morales.

    El Presidente reveló posteriormente que los hechos de Porvenir formaban parte de un plan de desestabilización del Gobierno que contaba con el apoyo de la embajada de Estados Unidos.

    Señaló que inicialmente la oposición planteó la realización de un referéndum revocatorio de su mandato, que se celebró en agosto de 2008, con un resultado ampliamente favorable al Presidente con más del 60 por ciento de los votos.

    "Los que pretendían revocarme, resultaron revocados", dijo, al referirse a los ex prefectos de Cochabamba y de La Paz, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes.

    Subrayó que a partir de esos resultados, se comenzó una segunda fase del plan de conspiración con el montaje de un golpe cívico-prefectural que se dio con la toma de edificios estatales en algunas ciudades, además de acciones de violencia racista.

    Parte de ese golpe cívico-prefectural fueron los hechos de Porvenir, según los analistas políticos, quienes coincidieron en la importancia del respaldo recibido por el Gobierno por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), cuyos presidentes reunidos en el palacio de La Moneda de Chile dieron su pleno respaldo a Morales.

    El informe de UNASUR señaló que "La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria".

    Calificó esos hechos como delitos comunes, ante las acciones de los acusados que pretendían escudarse en su condición de autoridades políticas para beneficiarse con un juicio de responsabilidades y no un juicio penal.

    Igualmente concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y se constituye en un crimen de lesa humanidad.



Por Adalid Cabrera lemuz
ABI