Bolivia cumple casi 40 días consecutivos de paralización por bloqueos de carreteras, protestas, represión y malestar social. Hay advertencias de la CIDH y EEUU. El gobierno reporta progresos institucionales mientras elabora un "Estado de excepción". Evo dice "no se escapará".
El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitido este domingo refleja la magnitud del cerco que sufre el territorio nacional, sumando un total de 84 puntos de interrupción del tráfico.
El departamento de Cochabamba se mantiene como el epicentro absoluto de las protestas, seguido muy de cerca por la sede de gobierno, El Alto y las provincias de La Paz: Cochabamba cantidad con 26 bloqueos, seguida por La Paz con 20, Potosí con 15, Oruro con 11, Chuquisaca con 9 y Santa Cruz con 3 puntos de interrupción vial.
Mientras continúan las medidas de presión en distintos puntos del país, el presidente Rodrigo Paz afirmó que existen "avances fruto del diálogo" y destacó los esfuerzos de su gobierno para encontrar una salida a la crisis. Mediante su cuenta en X, el mandatario señaló que La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia.
“En los últimos días ingresaron más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para La Paz y El Alto, aliviando poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas”, escribió.
Sin embargo, las confrontaciones registradas el fin de semana en la provincia de San Julián, departamento de Santa Cruz, generaron nuevas críticas desde distintos sectores. El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, emitió un comunicado dirigido al presidente Paz y a sus ministros, en el que cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles.
"No se puede utilizar civiles para confrontar a otros civiles", señaló Lara, en referencia a los hechos protagonizados por efectivos policiales y grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista durante los operativos de desbloqueo.
“Resulta inaceptable que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas hayan permitido la presencia de grupos civiles portando artefactos explosivos en medio de operativos. Lo ocurrido en San Julián evidencia un peligroso escenario de confrontación que puede derivar en consecuencias irreparables para la población”, y agregó “Las imágenes difundidas muestran daños a la propiedad, quema de motocicletas y la participación de civiles en acciones que debieron estar bajo control exclusivo de las instituciones del Estado”.
La autoridad también pidió que organismos nacionales e internacionales realicen seguimiento a lo ocurrido en las zonas de conflicto, citando a la CIDH, la ONU y la OEA y a la prensa nacional e internacional.
A principios de este mes la Comisión de la CIDH mediante un comunicado volvió a exhortar al Estado a implementar las recomendaciones contenidas en los informes “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” y el informe final del GIEI Bolivia, en particular aquellas orientadas a fortalecer el diálogo democrático, intercultural y participativo, incluyendo representaciones de los sectores sociales movilizados, como vía para canalizar las demandas sociales y reducir la conflictividad.
La CIDH destacó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo, que, junto con otras instituciones, desempeñar un rol relevante en la facilitación del diálogo y la prevención de conflictos. Se destacan los esfuerzos interinstitucionales de llamado al diálogo y prevención de la violencia.
Lejos la situación también generó repercusiones internacionales. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a través de la red social X que su país sigue de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Bolivia.
"El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia", expresó Hegseth en su mensaje. "Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región", agregó.
Desde el Trópico de Cochabamba, en su programa dominical el expresidente Evo Morales rechazó versiones que circulaban sobre una presunta salida o fuga de su lugar de permanencia en el Trópico de Cochabamba. "¿Cómo le van a hacer escapar a Evo de Lauca Ñ trópico de Cochabamba? ¿Por dónde me van a sacar? Estoy aquí, voy a estar aquí", afirmó, descartando cualquier intención de abandonar su posición.
El exmandatario sostuvo que las versiones sobre una eventual fuga buscan generar temor y confusión. En ese sentido, pidió que cesen las amenazas y actos de amedrentamiento, señalando que no tiene previsto abandonar el país. "Quiero que sepan que no intenten hacerme escapar amenazando o amedrentando", enfatizó.
Mientras ocurre las expresiones en distintos escenarios, en la madrugada del domingo la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle la Ley de Regulación de Estados de Excepción, según reportó Erbol noticias, con lo cual la norma está sancionada y pasa a manos del presidente para su promulgación.
La ley permite que el presidente declare estado de excepción en casos de amenaza externa, conmoción interna y desastre natural. También le permite usar a las Fuerzas Armadas en caso de la Policía sea rebasada. Con esta ley, el presidente podría declarar estado de excepción hasta por 90 días, con opción a ampliar con aval legislativo. Asimismo, una vez declarado un estado de excepción, la Asamblea debe ser notificada y aprobarlo en el plazo de 72 horas, según se conoció.
El viernes pasado en El Alto, en un Cabildo se decidió mantener los bloqueos y movilizaciones y se dio 48 horas a Rodrigo Paz para renunciar a la presidencia. El máximo dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, Vicente Salazar, desmintió cualquier acercamiento con el Gobierno.
En tanto el malestar en la ciudadanía boliviana ha alcanzado un punto de desesperación y fractura social extrema, tras cumplirse un mes de bloqueos continuos en las carreteras principales del país. La parálisis logística no solo afecta la economía, sino que ha trastocado por completo la vida cotidiana, la salud y la seguridad de las familias, concentrándose el mayor impacto en ciudades como La Paz y El Alto.
Las principales manifestaciones de este profundo malestar social incluyen: Desesperación en la Vida Cotidiana
Filas interminables: Los ciudadanos se ven obligados a pasar entre 17 y 19 horas haciendo fila para abastecerse de gasolina o diésel. También realizan largas esperas desde la madrugada para conseguir alimentos básicos como carne de pollo a precios subvencionados.
Caminatas extremas: Ante el corte de rutas en regiones clave (como el sector de Río Abajo en La Paz), los pobladores deben recorrer kilómetros a pie entre cerros y ríos para trasladar e intentar conseguir productos de la canasta familiar.
Colapso gastronómico y comercial: Los pequeños negocios, restaurantes y pensiones de barrio están retirando platos de sus menús o cerrando sus puertas debido a que no encuentran insumos básicos como aceite y carne, o porque no pueden costear los exorbitantes precios de la reventa.
Crisis hospitalaria fatal: El descontento se ha transformado en indignación ante el reporte de al menos diez personas fallecidas debido a la falta de atención médica. Los bloqueos impiden el paso de ambulancias, medicamentos esenciales y oxígeno medicinal hacia los centros de salud.
Ante la complejidad de la problemática, las autoridades continúan buscando mecanismos de negociación para destrabar el conflicto, mientras diversos sectores mantienen sus medidas de protesta y el país sigue atento a la evolución de una crisis que ya supera las cinco semanas.
