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| Imagen EFE |
Por Susana Bejarano
Rodrigo Paz ganó con el 32% de los votos en primera vuelta y con el 56% en la segunda. Ese resultado, de ninguna manera, constituía un piso político sólido. Hoy, apenas dos meses después de su instalación en el poder, su gobierno sufre su primera derrota política. Y no, no es solo la COB la que gana: lo que se expresa es algo mucho más amplio. Diversos sectores sociales se sintieron interpelados y representados por los planteamientos de la Central Obrera, porque estos conectaron con una experiencia cotidiana compartida.
El gobierno, en lugar de explicar las medidas y abrir espacios reales de deliberación, optó por descalificar a los interlocutores. Esa estrategia solo fue efectiva para los sectores que ya estaban alineados con el oficialismo; no tuvo ningún impacto fuera de ese círculo. El 56% nunca fue una carta blanca: es un porcentaje pírrico en un país con fuerte tradición de control social y movilización. La legitimidad no se hereda de las urnas; se construye todos los días, y especialmente en escenarios de conflicto.
Las organizaciones sociales demostraron plena conciencia de la coyuntura. Salieron con una bandera social, no partidaria. No defendían siglas ni liderazgos, defendían a la gente. Y fueron claras: ninguna exigió retroceder en el gasolinazo, ni la renuncia de Paz, ni el derrocamiento del gobierno. Lejos de maximalismos, escucharon el malestar popular y lo canalizaron políticamente.
Los acuerdos alcanzados son una muestra de ello. Se logró la instalación de mesas de diálogo sectoriales, el compromiso de revisar y socializar los artículos más sensibles del decreto supremo, la suspensión del tratamiento acelerado de disposiciones estructurales y la apertura a una discusión legislativa con participación social. No es una victoria total, pero sí un freno claro a la imposición unilateral.
Más allá del gasolinazo, el resto de los artículos incorporados en el DS remiten a una concepción de país. Y ahí está la discusión de fondo. Las organizaciones sociales -cuyas dirigencias, en su mayoría, han sido renovadas- pusieron el foco precisamente en ese punto: el modelo, la forma de decidir, el desplazamiento de la deliberación pública por mecanismos expeditos.
Descalificarlas no le alcanzó al gobierno. La gente de a pie siente la subida de precios y percibe con claridad que el “fast track”, los “contratos ley” y otros mecanismos similares no son asuntos técnicos neutros, sino decisiones políticas que deberían discutirse con la sociedad y con la Asamblea. No hubo relato que lograra neutralizar esa percepción.
Hay, sin embargo, un dato que el gobierno puede mostrar como logro: levantó la subvención. Probablemente, si hubiera comenzado por ahí -de manera directa, transparente y sin cargar el decreto con otros contenidos- se habría ahorrado semanas de conflicto. Con un mínimo de empatía política, el costo social y simbólico de tres semanas de movilización pudo haberse evitado.
Gobernar Bolivia no es fácil. Gobernar una sociedad donde la ideología nacional-popular está profundamente arraigada es aún más complejo. Pero esa dificultad tiene un origen que no puede ignorarse: la sensación extendida de arrebato y de engaño sistemático. Esto no se aprende solo en los libros -que, por cierto, deberían ser obligatorios para quien hace política-, sino en la conversación cotidiana con quienes menos tienen y más pierden.
Hoy venció la organización social articulada. Aún queda un largo camino para recuperar la confianza de la gente, pero este es un inicio, en tanto y en cuanto ninguna dirigencia vuelva a actuar de espaldas a sus bases, como ocurrió tantas veces en el pasado.
SusanaBejarano, es Politóloga. Gestora cultural. Feminista.
@SusanaBejarano
