Reforma del Estado: nueva política de control y admisión en Migraciones

El ejecutivo avanzó en la definición de la estructura y funciones de la nueva agencia de Migraciones. Contará con rango de Secretaría y divisiones especializadas que definirán criterios de admisión y permanencia de extranjeros en el país, con un enfoque selectivo.

Foto @infoviajera

El Gobierno nacional ha concluido en las últimas horas con el rediseño institucional del área de Migraciones, considerado uno de los pilares principales en el plan de reforma del Estado promovido por la administración de Javier Milei. Esta nueva estructura se formalizará a través de un decreto que será publicado próximamente y estará liderada por Diego Valenzuela, actual intendente del partido de Tres de Febrero.

La reconfiguración incluye la creación de la Agencia Federal de Migraciones, que operará como un organismo desconcentrado, presentando una estructura jerárquica más simplificada. El director del nuevo ente ocupará un cargo con rango de secretario y reportará directamente al Poder Ejecutivo. El modelo organizativo contará con dos áreas fundamentales: una enfocada en el control migratorio y la otra, en el diseño de políticas migratorias. Además, se evalúa la posibilidad de incorporar una jefatura de gabinete para reforzar su funcionamiento.

Desde la Casa Rosada destacan que el área de Política Migratoria desempeñará un papel estratégico:
  • Será la responsable de establecer los criterios para la admisión y residencia de extranjeros en el país.
  • Adoptará una perspectiva selectiva. La meta principal: fomentar el ingreso de perfiles profesionales y laborales considerados esenciales.
  • Se endurecerán los controles migratorios para otros grupos, implementando requisitos específicos ajustados a las nuevas indicaciones.
Por otro lado, se decidió excluir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la estructura organizativa de la agencia, tras enfrentar resistencia interna y dificultades legales para trasladar funciones policiales a un organismo civil. No obstante, las autoridades señalan que se mantiene el objetivo de construir una fuerza especializada en tareas migratorias, aunque su implementación será progresiva.

El diseño del decreto no estuvo exento de tensiones dentro del oficialismo. Durante las últimas semanas, su redacción quedó detenida debido a discrepancias entre sectores del Gabinete y el futuro titular del organismo. Uno de los principales puntos de controversia surgió en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, quien manifestó sus dudas sobre la creación de nuevas dependencias mientras se cerraban otras áreas públicas. Asimismo, surgieron debates sobre las fuentes de financiamiento del proyecto y la extensión territorial que abarcaría la nueva agencia, cuyo diseño tomó como referencia estructuras internacionales como el modelo estadounidense para el control migratorio y aduanero.

En términos políticos, la reestructuración también generó divisiones dentro del sector de seguridad. Desde el gobierno se reconoce que la propuesta impulsada por Valenzuela generó fricciones con la ministra Alejandra Monteoliva, tensiones que se lograron apaciguar en parte gracias a la intervención de la exministra Patricia Bullrich para mediar en el conflicto. En algunos círculos gubernamentales se interpretó esta iniciativa como un movimiento estratégico por parte del intendente para ganar mayor protagonismo dentro del Gabinete nacional.

A pesar de estos choques internos, desde Balcarce 50 aseguran que las diferencias han sido superadas y se alcanzó un acuerdo que permitirá avanzar con la publicación del decreto. Mientras tanto, equipos técnicos del Gobierno trabajan en la reglamentación complementaria vinculada a la reforma migratoria aprobada previamente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que servirá como marco legal para la operatividad de esta nueva agencia.

Con este avance, las autoridades buscan intensificar el control sobre la entrada y permanencia de extranjeros en el país, al tiempo que alinean las políticas migratorias con su objetivo más amplio de reducir el aparato estatal y optimizar los procesos administrativos.
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