Desde el Gobierno, el Decreto Supremo 5503 establece un nuevo régimen económico de necesidad y urgencia con el objetivo de enfrentar la crisis económica, financiera y social que atraviesa el país. Son más de 120 artículos bajo el título de “NECESIDAD Y URGENCIA PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
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El Decreto 5503 es una norma económica de gran alcance que busca enfrentar la crisis fiscal declarando emergencia y quitando subsidios (especialmente a combustibles), pero ha generado una fuerte reacción social debido a el impacto directo en los precios y el costo de vida, también la percepciones de retroceso en políticas sociales y soberanía económica. Hay acusaciones de favorecer dinámicas neoliberales y apertura sin control.
¿Qué es el Decreto 5503?
El Decreto Supremo N.º 5503 fue promulgado el 17 de diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta norma declara Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en Bolivia y establece un paquete de medidas económicas profundas para enfrentar la crisis fiscal que el Gobierno considera insostenible.
Las principales medidas que contiene:
1. Eliminación de subsidios a los combustibles
El decreto termina con las subvenciones estatales a los hidrocarburos. Esto provocó aumentos importantes en los precios de combustibles. La gasolina subió alrededor de 86 % y diésel hasta 160 % según las cifras durante las protestas.
El Gobierno argumenta que con esta medida se libera el gasto público, lo que permite redirigir recursos a programas sociales y la reactivación de la economía.
2. Redistribución del gasto
El Decreto también contempla el aumento del salario mínimo (aprox. un 20 %). Incremento de la Renta Dignidad y otros bonos sociales (como el Bono Juancito Pinto). Nuevos apoyos económicos para familias sin aportes al sistema de pensiones.
3. Medidas administrativas y de inversión
Aunque el texto completo tiene muchos artículos (más de 120), entre los aspectos más discutidos están: Fast-track o vía rápida para proyectos económicos, extractivos y de infraestructura. Posibilidad de agilizar aprobaciones administrativas. Cambios que afectarían territorios indígenas y áreas protegidas según organizaciones ambientalistas.
Reacciones, controversias y protestas con paro general
Amplios sectores sociales (sindicatos, gremiales, obreros y cooperativistas) han marchado y realizado paros exigiendo la abrogación total del decreto.
La Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos llaman a la movilización bajo lemas como “Bolivia No Se Vende”, denunciando el decreto como regresivo y violento para la economía popular.
Surgen acusaciones de “neoliberalismo” y entrega de recursos
Líderes sindicales y críticos sostienen que el decreto significa un retorno al neoliberalismo, con apertura rápida a inversiones privadas y favorecimiento de transnacionales. También hay denuncias de que se pone en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos del país.
Que dicen desde el ejecutivo
El Gobierno asegura que no cambiará el decreto, pero está abierto al diálogo para perfeccionarlo y establecer mesas de negociación con distintos sectores. Se han alcanzado acuerdos con algunos gremios, transportistas y cooperativistas mineros para moderar impactos sectoriales.
Las críticas
Organizaciones indígenas y ambientalistas advierten que la normativa podría facilitar impactos negativos en territorios indígenas y áreas protegidas, sobre todo por la agilidad que se da a proyectos extractivos.
Aquí el texto completo del decreto 5503
