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Por Carmen Parejo Rendón
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano debatía sobre una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Posteriormente, Castillo, en un mensaje televisado, decretaba la disolución del Parlamento, la instauración de un gobierno de concentración nacional y convocaba nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de nueve meses.
Tras este anuncio varios ministros del gobierno presentaron su renuncia, en concreto el ministro de Relaciones Exteriores, el de Trabajo y el de Justicia. A su vez, la vicemandataria Dina Boluarte, también se manifestó en contra de lo anunciado por el presidente. En el mismo sentido se pronunciaron el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas.
El congreso peruano, con 101 votos a favor, aprobó finalmente la destitución de Pedro Castillo bajo el argumento de "incapacidad moral", y posteriormente fue detenido por la Policía, situación en la que se encuentra actualmente.
Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, asumió la presidencia interina del país, y a lo largo de los meses siguientes se produjeron manifestaciones masivas de apoyo a Castillo que fueron fuertemente reprimidas por el nuevo gobierno, dejando medio centenar de muertos y múltiples heridos.
La victoria electoral de Pedro Castillo en las elecciones generales de 2021 se produjo en un contexto en el que, por un lado, se manifestaba la profunda crisis política del país, y por otro lado, la agudización de una polarización que aúna elementos coyunturales y estructurales más profundos
Decía Mafalda, icónico personaje del viñetista argentino Quino, que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. En ese sentido, aunque las dimensiones de la crisis política de Perú se extienden en dinámicas estructurales y problemáticas que abarcan varias décadas de la historia del país, hay algunos datos recientes que sintetizan este escenario crítico y que son fundamentales para comprender las urgencias de Perú.
Del 8 al 19 de noviembre de 2020, Perú cambió de presidente en tres ocasiones. Desde julio de 2016 y previo a la asunción de Castillo, el país tuvo cuatro mandatarios, tres de ellos destituidos usando la herramienta de "moción de vacancia", es decir, mediante la destitución a través de una mayoría del Congreso sin pasar por el voto ciudadano.
Aunque Castillo trató, en varias ocasiones, de congraciarse con los demás grupos políticos, finalmente no consiguió el apoyo ni de los otros ni de los suyos.
El uso y abuso de esta herramienta, que también es la que fue utilizada contra Pedro Castillo, generó controversias fuera y dentro del país. Las manifestaciones contra el rol del Congreso y a favor de la elaboración de una nueva Constitución fueron creciendo durante los años previos a la victoria de Castillo. Así, tras vencer en la segunda vuelta, el nuevo presidente tenía un mandato claro: resolver la urgencia que atravesaba el país y que interpelaba directamente al papel que estaba jugando el Parlamento y que imposibilitaba la gobernabilidad y, a su vez, la redacción de una nueva carta magna.
El escenario de Castillo
La realidad política que experimentó el breve gobierno de Pedro Castillo no se diferenció en gran medida de este escenario anterior, sino que se acrecentó. El presidente enfrentó hasta tres procesos de vacancia que no obtuvieron la mayoría suficiente en la cámara; y tuvo serios problemas para legislar por el boicot continuado del Congreso, donde no contaba con mayoría; y a su vez, hizo frente a los enfrentamientos internos dentro de la formación política Perú Libre, a la que pertenecía. Aunque el mandatario trató, en varias ocasiones, de congraciarse con los demás grupos políticos, finalmente no consiguió el apoyo ni de los otros ni de los suyos.
En la primera vuelta del 11 de abril de 2021, ningún candidato consiguió obtener más del 20 % de los votos. Castillo fue el que más se aproximó con el 18,9 % de apoyos. En segundo lugar quedó Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, con un 13,4 % de los votos. Este escenario manifestaba para muchos analistas la evidencia de una ruptura cada vez más profunda entre el poder oligárquico capitalino representado en Lima, que superaba el antagonismo fujimorismo vs anti-fujimorismo; y el resto de Perú, entendido como la mayoría rural, campesina, indígena y postergada -usando el término del revolucionario nicaragüense Augusto C. Sandino- en sus derechos sociales, económicos y políticos, que veían en el maestro rural al representante de sus intereses. Siendo estas comunidades rurales, sobre todo indígenas, a su vez, las víctimas principales del fujimorismo, no es de extrañar que representaran y sigan representando también las fuerzas populares de apoyo más sólido de Perú Libre y de Pedro Castillo.
Visiones antagónicas
Esta victoria sorpresiva puso de manifiesto dos posiciones antagónicas: la esperanza de los que exigían un cambio frente al miedo de los otros, de aquellos que sentían que un cambio podía arrebatarles la posición de privilegio que sustentaban.
Siendo estas comunidades rurales, sobre todo indígenas, las víctimas principales del fujimorismo, no es de extrañar que representaran las fuerzas populares de apoyo más sólido de Perú Libre y de Pedro Castillo.
Más allá de lo urgente, esa victoria también abrió paso a iniciar un debate sobre lo importante: la desigualdad en el país, el divorcio entre el mundo rural y el mundo urbano capitalino, entre las sociedades campesinas e indígenas y las grandes familias del país, sobre el control de los recursos naturales o sobre la redistribución justa de las ganancias de exportación de las múltiples materias primas que poseen. Entre muchos otros temas que lo urgente había ido eclipsando o dejando en un segundo plano.
Más allá de si Pedro Castillo supo o no realizar el mandato que se le encomendó, lo cierto es que su breve paso por la Presidencia y la forma en la que fue depuesto ha servido para ampliar el campo de visión sobre la realidad y el conflicto peruano.
El presente en el Perú
En este aniversario de los hechos que llevaron a prisión a Pedro Castillo, la actualidad política del país está marcada por la liberación del expresidente Fujimori por motivos "humanitarios", lo cual incide aún más en el aspecto simbólico de la ruptura social en el país. Por otra parte, los dos sectores aliados para la destitución de Castillo aparecen enfrentados a través de las acusaciones cruzadas entre la presidenta interina Dina Boluarte, investigada por su responsabilidad en la represión durante las protestas, y Patricia Benavides, fiscal de la Nación, indagada por una red de corrupción.
El Gobierno de Dina Boluarte, que se niega a todo tipo de adelanto electoral, también es cuestionado por su falta de legitimidad para el cargo dentro y fuera del país, pero además por su responsabilidad ante delitos que pueden ser sujetos de consideración como crímenes de lesa humanidad, tal y como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe titulado 'Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales', publicado el pasado mes de mayo.
Por su parte, Castillo defendió este lunes 4 de diciembre su excarcelación ante el Tribunal Constitucional de Perú, asegurando que nunca pretendió dar un golpe de Estado, sino expresar un mensaje "de carácter político inejecutable", asegurando que fueron otros los que sí tenían "un golpe preparado desde hacía tiempo" y señalando al Congreso, a la Fiscalía y otros grupos de poder que, según el exmandatario, fueron los responsables de hacer inviable la gobernabilidad del país. Aun con varias causas pendientes, Castillo se encuentra inmerso en un proceso judicial complejo que se puede demorar en el tiempo, y aunque finalmente saliese absuelto, las consecuencias políticas ya son irreversibles.
El mismo pueblo que padeció las esterilizaciones forzosas de Fujimori, el robo de bebés, el expolio continuado de sus riquezas, la humillación constante de unas instituciones en las que no confían, la represión y la violencia, la esperanza y la desesperanza, recordó este aniversario exigiendo en las calles de Lima "que se vayan todos"; o en Tacna y Moquegua, sus derechos sobre el agua. Finalmente, lo urgente y lo importante se dan la mano en medio de la actual encrucijada peruana.