Entre las medidas políticas instauradas por los gobiernos liberales están: La Ley de Participación Popular, aunque incompleta fue una medida de descentralización acertada. La transformación del aparato estatal mediante la implementación de innovadores enfoques administrativos de gestión. La sólida disciplina fiscal, la cual posibilitó la obtención de presupuestos fiscales en equilibrio.
Entre las medidas, políticas erróneas
por los liberales están: La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) logró montar
varias fábricas de lácteos, aceite y otras, que impulsó varios proyectos de
importancia económica en diferentes regiones de Bolivia, la CBF fue disuelta,
dejando atrás el proceso de una economía agrícola a una industrializada.
El abandono de las minas estatales dio
resultado a grandes pérdidas económicas para el Estado boliviano. La COMIBOL
deja de cumplir funciones importantes como el de la producción, se destruye el
aparato minero productivo.
La capacitación de maestros fue
totalmente desatendida, a pesar que hubo un incremento del número de escuelas
construidas.
Se desmantela un modelo de política de
salud muy interesante con la participación de la sociedad, los Comités
Populares de Salud por creerla de tinte comunista.
El cierre del Ministerio de
Planificación y de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, este
ministerio estaba encargado de planificar y ejecutar las inversiones públicas y
tenía como brazo operativo a las corporaciones departamentales.
El cierre del Instituto Boliviano de
Tecnología Agropecuaria (IBTA), dicha institución estaba orientada a la
transferencia de tecnología para el sector campesino, con el propósito de
incrementar los ingresos de la población rural mediante el mejoramiento de la
tecnología agrícola.
El cierre del Banco del Estado, como
también de los Bancos Agrícola y Minero, con dicha medida se vieron afectados
los sectores agrícolas y mineros, ya que no se tuvo acceso al crédito por parte
de estos sectores económicos.
La pérdida total del Lloyd Aéreo
Boliviano.
Con la capitalización de ENFE por una
empresa chilena, se pierde, se desmantela la vía La Paz – Cochabamba.
Se registran pérdidas millonarias con la
capitalización de ENTEL.
Con el nuevo sistema de pensiones se
generaría pérdidas millonarias para el Estado.
Bolivia firmó contratos desfavorables con las empresas trasnacionales de hidrocarburos. El sector agrícola, rural campesino, fue desatendido por el Estado.
En una investigación del Proceso de
Privatización y Capitalización de empresas estatales de Bolivia hecha por una Comisión
Mixta por la Asamblea Legislativa, se presentó pruebas e investigaciones
sobre “Redes de Poder” de este periodo. Mediante está investigación se pudo
comprobar que cuando se capitalizaba estas empresas se adjudicaban algunos
funcionarios públicos de alto rango, también formarían parte de estas empresas
ya capitalizadas, eran parte de los directorios de las empresas capitalizadas y
el sistema de pensiones (AFP´S), cuando cumplían una función privada de nuevo
asumían una función pública.
Demostrando que las máximas autoridades
de instituciones públicas eran al mismo tiempo socios de las empresas
privatizadoras y capitalizadoras, desempeñando adicionalmente el rol de voceros
para las transnacionales. Una de las estrategias que usaron estas empresas
capitalizadoras fue de buscar a bolivianos en específico (personajes que tenían
rango alto) para ser parte de las empresas privatizadas y ocupar un cargo en la
misma, formándose una compleja y clara red de influencia y poder en el país.
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Las autoridades del gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada en su presidencia, transitaban de los ministerios a los
directorios de las empresas capitalizadas y luego regresaban a los ministerios.
Lo mismo ocurrió con la presidencia de Jaime Paz y su ex ministro Samuel Doria
Medina. Como ejemplo tenemos a Luis Fernando Campero Prudencio fue Ministro y
socio fundador de FUNDAPRO, Roberto Peña Rodríguez fue Ministro y socio
fundador de FUNDAPRO, Oswaldo Gutiérrez Ortiz fue Contralor y socio fundador de
FUNDAPRO, Oscar Bonifaz presidente de la COMIBOL y Vicepresidente de
COMSUR, Alfonso Revollo Ministro de
Capitalización, Jaime Villalobos fue Ministro de Minería y Ministro de Desarrollo Económico formaba
parte del Directorio la capitalizada Transredes, Fernando Illanez fue embajador
de Bolivia en Estados Unidos, Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico,
Ministro de Hidrocarburos y Energía, ministro de Planificación y miembro del directorio
de la petrolera ANDINA.
Gonzalo Sánchez de Lozada en su
presidencia fue uno de los primeros y más beneficiados de la capitalización. A
causa de la privatización de la COMIBOL, la cual se adjudicaría la empresa
COMSUR donde él era el mayor socio accionista, se da así mismo varias empresas
mineras que generaban bastantes utilidades al Estado boliviano; se adueñaría de
Vinto, Huanuni y Colquiri.
En el caso de Samuel Doria Medina cuando
era ministro, posterga la privatización de las dos cementeras de Sucre y Tarija
para después él adjudicárselas y ser socio mayoritaria de SOBOCE. Luego a
través de SOBOCE fue parte integrante del consorcio “Aguas del Tunari” empresa
privatizadora que intentaría quedarse con “SEMAPA” y el “Complejo Misicuni”, en
resumen, privatizar el líquido vital de Cochabamba. Esto género que haya un
incremento en las tarifas de agua; pero hubo una gran respuesta inmediata de las
organizaciones populares y ambientalistas, se había dado inicio a “la Guerra
del Agua” por presión popular, después de un tiempo, se revocaría el contrato
otorgado a la empresa “Aguas de Tunari”.
Raúl Garáfulic Gutiérrez quien ocupó el
cargo de Embajador en España, aprovechándose de su cargo y de tener relaciones
cercanas con altos cargos de poder político se hace de los medios de
comunicación, manipulando la información y noticias del país. Establece
vínculos estratégicos con el grupo “Prisa” un importante grupo empresarial
conocido por su participación en destacadas publicaciones, como la editorial
"Alfaguara” está editorial producía una serie de libros y tenían una
extensa circulación en el sistema escolar boliviano, convirtiéndose en un
mecanismo clave de influencia significativa en el país en la época neoliberal.
Raúl Garáfulic con sus hijos compran la Hilandería de Santa Cruz por 4 millones
de dólares, cuando tenía un precio de más de 70 millones de dólares según la
evaluación realizada por los auditores de la capitalización de las empresas.
También traicionaría a su aliado, amigo cercano Tito Asbún, Garáfulic utilizó a
Asbún como testaferro, para adquirir acciones del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB),
pero una vez que había logrado su objetivo lo apartaría de una manera abrupta,
fue parte del despojo, la ruina y el fin del LAB.
Cabe mencionar que todas estas políticas
afectarían de una manera negativa a campesinos, asalariados, obreros a las
personas de escasos recursos que conforman un mayor porcentaje de la población
del país. Mientras tanto, los principales beneficiarios de estas políticas
fueron los capitales privados, transnacionales, los políticos y sus amigos que,
a través de pactos políticos llegaban a satisfacer sus propios intereses.
Si bien todos los gobiernos prometieron
eliminar la corrupción en sus gestiones fue todo lo contrario, máxima riqueza a
los ricos y máxima pobreza a la mayoría de la población nacional. Así al final
del ciclo de los gobiernos de derecha en Bolivia, no se evidenció una mejora,
un impacto significativo en la economía de la sociedad boliviana provenientes
de la privatización y capitalización (medidas prometidas en los distintos
gobiernos). Resaltan especialmente las declaraciones del entonces Presidente Carlos
de Mesa, él manifestaría “tengo que extender mi mano a las instancias
internacionales, pedir limosna para poder pagar los salarios”
Durante el período de derecha en Bolivia
de 1985-1997, las cifras muestran un nivel de crecimiento leve, donde se
sacrificó mucho vendiendo las empresas nacionales y se ganó poco, las empresas
privatizadoras y capitalizadoras prometieron enormes inversiones que nunca
sucedieron. Causando un enorme sentido de pérdida de la soberanía nacional y
enajenamiento de la mayor parte de los bienes del Estado.
En resumen, diferentes partidos
políticos que asumieron el poder durante este periodo de investigación,
prometieron llevar a Bolivia hacia una senda de crecimiento económico
sostenible con diferentes medidas políticas, que no alcanzaron dicho objetivo.
Al contrario, sólo se benefició a cierto grupo de políticos bolivianos, en
desmedro de la mayor parte de la población boliviana. Por tanto, se debe
analizar profundamente el accionar de las fuerzas políticas, ya que éstas
generalmente realizan acciones que favorecen a ciertos grupos de poder y no les
interesa el desarrollo nacional, por lo cual, se tiene que tratar de evitar
ciertas medidas de política económica, realizando investigaciones acerca de lo
positivo o negativo que fueron ciertas medidas implementadas en el pasado, ya
que, de lo contrario, se tendería a repetir viejos errores del pasado.
Economistas Autores:
Rodrigo
Corihuanca Q.
Raúl López Q.
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