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“Es importante que todas las autoridades respondan cuando existen violaciones a los derechos humanos, sobre todo las autoridades políticas, porque es la responsabilidad de la gestión de desarrollo del Gobierno. Las autoridades son los responsables de la obligación de proteger, promover y respetar los derechos, sin perjuicio de que se identifique a los autores materiales de esas violaciones”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Luego de un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, informe Bolivia, sobre el “uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones”, en el que “da cuenta de las limitaciones en el avance de esas investigaciones y que hasta la fecha no se ha dictado ninguna condena”, Menéndez cuestionó los avances de las investigaciones de los hechos de violencia ocurridos en 2019.
Advirtió que, desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, mientras Áñez continuaba en el gobierno, las acciones para la reparación a las víctimas fueron nulas. “Lo importante es despolitizar la Justicia”, dijo.
“Existen elementos que cuestionan la independencia y lentitud de la Justicia (en Bolivia) y sobre todo la reparación a las víctimas y los derechos de las víctimas, a la verdad y a la justicia”, remarcó.
Insistió en que “las autoridades son los responsables de la obligación de proteger, promover y respetar los derechos, sin perjuicio de que se identifique a los autores materiales de las violaciones” a los derechos humanos.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció a su cargo presionado por movilizaciones que cuestionaban un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año que lo dieron como ganador, además de un motín policial y la sugerencia militar de dimitir a la presidencia.
Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, presidenta de la Cámara de Senadores y, posteriormente, presidenta del país en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la mayoritaria bancada de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.
LR
